Contribuciones y el centro de Santiago: el SII reconoce el error, pero no asume el costo

Ha pasado más de un lustro desde el denominado “estallido social” y sus consecuencias siguen afectando a los vecinos de Santiago. Uno de los últimos ejemplos de ello fue la reciente resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que elimina el coeficiente comercial para ciertas propiedades del centro de la capital.

Esta resolución exenta del servicio, que recibieron los vecinos de Santiago para avisarles respecto de la eliminación del coeficiente comercial es, sin decirlo explícitamente, la admisión estatal de que los avalúos fiscales que se aplicaban a los inmuebles ubicados en el epicentro del conflicto estaban desconectados de la realidad.

El propio SII reconoce que existen “siniestros y otros factores, no imputables a los propietarios”, que han disminuido considerablemente el valor de estas propiedades, junto con un deterioro sostenido del comercio, reflejado en cierres, alta vacancia y desplazamiento de actividades económicas.

Además, la resolución establece expresamente que, pese a la rebaja del avalúo, no procede la devolución de los impuestos ya pagados, lo que deja claro que el ajuste solo opera hacia adelante y que el costo histórico queda radicado en el contribuyente.

Aunque el diagnóstico es correcto y la medida sin duda representa un avance, el problema está en cómo se ejecuta la solución.

Durante años, el coeficiente comercial infló artificialmente el avalúo fiscal de los inmuebles del epicentro de Santiago, elevando de manera significativa el pago de las contribuciones. No fue un ajuste fino ni una diferencia marginal: en muchos casos, implicó que propiedades con ventas a la baja, locales vacíos o sectores completos en declive siguieran pagando impuestos como si el entorno urbano y económico no hubiera cambiado y siguiera tan bullante como antes, lo que está muy lejos de lo que realmente ocurre. Por eso, que hoy se elimine ese coeficiente confirma que el cálculo anterior no reflejaba el valor real de esos activos.

Sin embargo, la medida se aplica solo a algunos contribuyentes. Y ahí aparece la primera gran inconsistencia.

Es que el estallido social, la pandemia, la delincuencia, el éxodo del comercio y el deterioro urbano no afectaron solo a algunas partes, sino que a todo el centro de la capital. Incluso donde no había tomas ni barricadas, el impacto fue el mismo.

Por eso es que no hay una justificación técnica clara para que, tal como señala el SII, un grupo reducido acceda a la rebaja en el cobro de sus impuestos territoriales, mientras que otros, sometidos a las mismas condiciones objetivas, queden fuera de este “beneficio”, que más que eso representa un acto de justicia y racionalidad.

La segunda inconsistencia de esta decisión del Impuestos Internos es la ausencia de retroactividad. No se entiende que mientras el SII reconoce que el deterioro existe (y se provocó por la violencia que comenzó en 2019 y continuó con la pandemia de 2020), decida que el ajuste opere solo hacia adelante.

Esto sin duda es un alivio, pero implica que años de contribuciones calculadas sobre una base errónea quedan, en los hechos, validadas. El mensaje implícito es complejo: el error existía, pero el costo lo asume el contribuyente. Y eso tensiona cualquier noción básica de justicia tributaria.

A esto se suma un tercer problema: la falta de reglas claras. La resolución no establece criterios transparentes y verificables para que otros contribuyentes puedan solicitar una retasación en situaciones equivalentes. No se define con precisión qué nivel de vacancia, qué tipo de deterioro o qué indicadores urbanos habilitan una corrección. Sin parámetros objetivos, el sistema queda expuesto a la discrecionalidad, y la discrecionalidad en materia tributaria siempre es una mala señal.

Este caso no es anecdótico. Es una muestra de un problema estructural del impuesto territorial en Chile: un catastro que se ajusta tarde, de forma parcial, y sin mecanismos claros para corregir errores acumulados. Cuando el propio Estado “enmienda” su catastro, lo hace muchas veces sin asumir plenamente las consecuencias de haber aplicado criterios incorrectos durante años.

Si el SII reconoce que factores externos —violencia, deterioro urbano, cambios estructurales del comercio— afectaron el valor de las propiedades, entonces la corrección no puede ser selectiva ni solo prospectiva. Lo mínimo esperable es un criterio general, transparente y coherente con la magnitud del fenómeno reconocido.

El centro de Santiago necesita urgente una reactivación económica, seguridad y políticas urbanas de largo plazo. Mantener cargas tributarias basadas en supuestos que el propio SII ya admite que no existen va exactamente en la dirección contraria. La eliminación del coeficiente comercial es un paso, sí, pero insuficiente y mal resuelto.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿queremos un impuesto territorial que refleje la realidad o uno que se corrija a medias, cuando ya no queda otra? El caso del centro de Santiago era una oportunidad para avanzar en la dirección correcta. Pero, por ahora, quedó muy corta.

Sebastián Hudson
Gerente general de Póliza Gestión