Se aprobó el proyecto de resolución que solicita la inhabilidad de parlamentarios que recibieron financiamiento de Isapres, tuvieron acciones o ejercieron cargos en sus directorios.
Este jueves se llevó a cabo la presentación y posterior votación donde se aprobó el proyecto de resolución que busca la inhabilitación de parlamentarios que hayan recibido financiamiento electoral, hayan tenido acciones o participado en roles dentro de Isapres.
La aprobación del proyecto de resolución contó con 112 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones.
El proyecto fue presentado por la diputada por la región del Maule, Consuelo Veloso, en conjunto con la bancada de Revolución Democrática e independientes.
En la instancia se dejó en manifiesto la preocupación por la participación de determinados parlamentarios en un debate que cada vez toma mayor intensidad, tanto por una posible quiebra de las isapres como por la reciente entrevista de la ahora exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Esto, pese a que el Gobierno, a través del ministro Luis Cordero, señaló que el máximo tribunal habla a través de los fallos y no de declaraciones en prensa.
Durante el último tiempo, gracias a investigaciones realizadas por medios nacionales, se ha revelado la conexión y los aportes realizados por las isapres para el financiamiento de campañas políticas de varios parlamentarios y figuras políticas nacionales.
Buscan inhabilitación de parlamentarios financiados por Isapres
Estos antecedentes abrieron la discusión en torno a posibles conflictos de interés de algunos parlamentarios en la tramitación de la Ley Corta de Isapres y otras alternativas.
Veloso hizo un llamado “a sincerar el debate y a que todas las parlamentarias y parlamentarios, que tengan un conflicto de interés por recibir financiamiento en sus campañas por parte de las isapres se resten de la discusión”.
Por otra parte, sostuvo que “las familias chilenas no se merecen que los empresarios sigan escribiendo las leyes en este país para su beneficio”.
Si bien el proyecto contó con amplia mayoría, la decisión final de la inhabilitación depende enteramente de cada diputado o diputada, según señala el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados.
