Señor Director:

La instrumentalización del caso de Julia Chuñil, por parte de algunas ONGs ambientalistas, para promover una nueva legislación sin esperar el esclarecimiento de los hechos ni respetar la verdad judicial, resulta una actuación impresentable.

Julia Chuñil fue presentada ante la opinión pública como una “defensora ambiental” asesinada por intereses económicos o forestales.

Esa narrativa, impulsada por líderes ambientalistas, validada y amplificada incluso desde el Gobierno, hoy queda en entredicho ante un giro en la investigación.

Lo más grave es que, sobre esta conjetura armada de forma maliciosa, se impulsó una ley que pretende crear un estatus especial para supuestos “defensores ambientales”, con normas penales y administrativas diferenciadas.

Esta iniciativa promovida activamente por ONGs como Escazú Ahora, no nace de un diagnóstico técnico ni de una necesidad real del país, sino de una narrativa construida para avanzar en una agenda ideológica.

Estas organizaciones no actúan como sociedad civil independiente, sino como verdaderos actores políticos sin responsabilidad democrática.

Utilizan tragedias humanas, desinformación y emociones para influir ante la opinión pública y el Congreso.

Romina Salinas
Directora de Comunicaciones
Instituto Res Pública