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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda, se reunió con la CPC y destacó la necesidad de eliminar la maraña regulatoria para impulsar la economía. Resaltó que había más de 50 procesos pendientes en el SEA, lo que significaba US$12.000 millones en inversión estancada. También se refirió a las "12 balas de plata" para agilizar la administración pública. Según un estudio de la CPC, los plazos para dictar sentencia en temas ambientales han aumentado, afectando principalmente a la minería, energía e infraestructura.

Uno de los ejes centrales que definió el presunto futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en su reunión con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) la semana pasada apunta directamente a la permisología o, como la denomina él, ”la maraña regulatoria”.

En Icare, el economista ya había destacado que al cierre de 2025 habían más de 50 procesos pendientes en el Servicio de Evaluación Ambiental, el equivalente a US$12.000 millones en inversión estancados.

Asimismo, según trascendidos a la prensa, las llamadas “12 balas de plata” que pretende sacar Quiroz de la administración pública apuntarían también a cargos elegidos por Alta Dirección Pública y que se relacionan con la llamada permisología.

“Maraña regulatoria” según Quiroz

En este sentido, un estudio de la CPC estableció que desde la segunda mitad de 2019 el ingreso promedio de causas a los servicios ambientales se ha más que duplicado, pasando de 7 a 15 reclamaciones por semestre.

Además, los plazos promedio para dictar sentencia han crecido de manera consistente, alcanzando un récord de 784 días en el último semestre, lo que supone un incremento del 35% respecto al periodo anterior.

Reinalina Chavarri, Directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, destacó que las áreas más afectadas por estas “trabas” son la minería, energía y proyectos en infraestructura.

Y agregó que “más que la intención”, esto tiene que ver con el cómo se están ejecutando las normas en la parte administrativa.

Este eje de trabajo que ya definió el próximo gobierno viene de la urgencia de hacer frente a un déficit fiscal importante, considerando que la próxima administración Kast partiría con algo así como US$2 mil millones menos.

De hecho, un informe elaborado por la Universidad San Sebastián (USS) advierte que la recaudación debería crecer del orden de un 22,5% en el último mes del año para cumplir con las proyecciones de Hacienda y que el déficit no escale hasta el 3%.

Si bien desde el Partido Republicano han evitado referirse al recorte fiscal que deberán ejecutar al llegar a la Moneda, y si este será superior a los US$6 mil millones ya anunciados en campaña; es algo que la derecha en su conjunto no descarta.

Y en cuanto a la permisología, la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales —uno de los proyectos que propuso la administración Boric que sí alcanzó a ver la luz—, ya superó la meta de 250 trámites de permisos disponibles para el cierre de 2025.