Los estatutos con los que se rijan las Fuerzas Armadas (FFAA) en el marco de la ley de infraestructura crítica, continúan generando debate por parte de la oposición. Por su parte, desde el oficialismo criticar al Ministerio del Interior por no lograr aprobar la prórroga del Estado de Excepción Constitucional a 35 días.
Desde la oposición presionaron al Gobierno por el trámite de la ley de infraestructura crítica. La coalición hizo énfasis en las reglas de uso de la fuerza permitida para los militares en el resguardo de fronteras, así como en Estados de Excepción Constitucional.
Por un lado, desde Renovación Nacional (RN) cuestionaron la efectividad que tendría el despliegue de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el norte.
Esto se da en el contexto de la crisis migratoria que se vive en la Macrozona Norte, donde cada día diferentes autoridades de la zona manifiestan su angustia por el descontrol en el ingreso de extranjeros al país.
Por su parte, el oficialismo exigió un equilibrio en cuanto a las facultades de los efectivos especiales y criticó al Ministerio del Interior por el rechazo a la prórroga de la duración del Estado de Excepción Constitucional.
Infraestructura crítica y reglas de uso de fuerza
Uno de los compromisos claves que ha hecho el Ejecutivo, fue la iniciativa de reglas de uso de fuerza para los militares en la tramitación del proyecto de ley de infraestructura crítica. Este compromiso fue clave para destrabar la posición de Chile Vamos y otros parlamentarios opositores al Gobierno.
Estos planteaban como un problema seguir utilizando a los efectivos militares tanto en el Estado de Excepción Constitucional, como en el despliegue a fronteras en el marco de la ley de infraestructura crítica.
Lo anterior, tiene que ver básicamente con lo que pueden hacer o no y el costo a nivel de sumario interno y justicia. Es decir, el uso racional y proporcional de fuerza, y quien controlará si se ha cumplido con la aplicación correctamente.
Las reglas de uso de fuerza van a tener una doble efectividad luego de ser tramitadas. Esta situación ha generado un importante debate en la Cámara de Diputados en torno a la facultad que se debe entregar a los militares.
Así lo expuso el diputado Miguel Mellado (RN), quien expresó su malestar por la falta de regulación a las facultades de los uniformados de las FFAA.
“Sin que el reglamento del uso de la fuerza sea ley, antes de enviar a los militares, lo que va a suceder en la práctica es que los militares que van a ir, van a ir con los brazos abajo. Eso significa que no van a hacer mucho más que lo que hoy se hace en la frontera de Chile, porque no hay una protección legal a sus espaldas”, aseguró el parlamentario.
Oficialismo en busca del equilibrio
En cuanto a la situación del oficialismo, existe resistencia en las conversaciones del proyecto de ley de infraestructura crítica. Incluso, algunos votaron a favor sin querer hacerlo, mientras que otros en contra de manera tajante.
Al respecto, el diputado Tomás De Rementería (PS), se refirió al equilibrio que se busca concretar en torno a la normativa de resguardo en la Macrozona Norte.
“Iban demasiado lejos. Lo que fijaban eran principios de extensión de responsabilidades penales, presunciones de derecho de inocencia por el uso de la fuerza”, aseveró el parlamentario.
“Tenemos que llegar a un punto intermedio donde obviamente tienen que haber reglas de uso de la fuerza efectiva, porque en el fondo, si vamos a tener situaciones militares, por ejemplo, cuidando frontera, infraestructura crítica, más bien lo que puedan hacer y lo que no, pero tampoco que se convierta esto en un chipe libre y bala libre para todos”, sostuvo.
Es por esto que se pretende regular el funcionamiento de militares en el cumplimiento de la ley de infraestructura crítica mediante estatutos especiales. Otra opción es que sean juzgados por la Justicia Militar aquellos funcionarios que hagan uso indebido o desproporcionado de la fuerza en las fronteras y en cualquier Estado de Excepción Constitucional.
Cabe destacar que en este momento, el Congreso se encuentra en una etapa de “receso legislativo”, es decir de descanso, lo cual termina por dejar abierta la discusión al menos hasta marzo.
Culpan a Tohá por rechazo a prórroga de Estado de Excepción
Por otro lado, respecto a este último, desde el Frente Amplio culparon a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por el rechazo a la modificación de la duración del Estado de Excepción Constitucional.
Recordemos que ayer jueves, la Cámara de diputados rechazó la prórroga que se buscaba implemente a la actual medida de emergencia, extendiéndola de una renovación de 15 días, a cada 35.
Así lo dio a conocer el diputado Jaime Sáez (RD), quien aseguró que existieron desinteligencias desde el Gobierno que llevaron a este escenario.
“No se pudo extender la prórroga de Estado de Excepción Constitucional a 35 días como estaba propuesto. Ante esto habrá que legislar en febrero”, lamentó Sáez.
Por ello, explicó que “lo preocupante, creo yo, es la falta de coordinación y gestión política por parte de interior que hubo, y que nos genera desórdenes que son absolutamente innecesarios. Porque esto era una cuestión que podíamos haber aprobado perfectamente ayer, y lamentablemente se pierde por un solo voto”, cerró.
