La pregunta ya no es si volverá a ocurrir, sino si estamos dispuestos, por fin, a planificar para que no vuelva a repetirse de la misma forma.

Cada verano, Chile revive la misma tragedia. El fuego avanza, las ciudades se paralizan y, una vez más, familias completas pierden sus viviendas en cuestión de horas.

Hoy es Penco, Lirquén, Tomé; ayer fue Santa Juana, Viña del Mar y Valparaíso. Mañana, si nada cambia, seguiremos sumando comunas afectadas. El punto en común, no es solo el cambio climático ni las altas temperaturas, es la ausencia de una planificación territorial efectiva y preventiva.

En Chile, los incendios forestales ya no pueden ser tratados como eventos excepcionales. Son fenómenos recurrentes, previsibles, y por tanto, planificables. Sin embargo, año tras año, la respuesta institucional sigue concentrada en la emergencia: combate del fuego, catastros de daño, bonos transitorios y promesas de reconstrucción. Otra vez llegamos tarde.

El problema es estructural. Durante décadas, se ha permitido la expansión urbana sin planificación, hacia zonas de interfaz urbano-rural, sin criterios claros de riesgo, sin cortafuegos efectivos, sin estándares obligatorios de materialidad, ni exigencias de gestión del entorno vegetal.

Viviendas formales e informales conviven con plantaciones forestales, quebradas abandonadas y terrenos sin mantención, generando condiciones perfectas para la propagación del fuego.

La planificación territorial, cuando existe, carece de articulación, coherencia y capacidad efectiva de anticipación. Planes reguladores comunales desactualizados, ausencia de instrumentos metropolitanos en zonas que ya funcionan como tales, y una débil coordinación entre políticas de vivienda, ordenamiento territorial y gestión del riesgo.

El resultado es evidente: se construye donde no se debiera, como no se debiera, y sin prever escenarios que hoy ya no son hipotéticos.

A esto se suma una política habitacional que reacciona, pero no anticipa. Cada incendio deja a cientos de familias sin hogar, llevando al Estado a improvisar soluciones de emergencia que, muchas veces, se prolongan por años, o que simplemente no llegan.

La reconstrucción lenta no solo profundiza el daño social, sino que reproduce el riesgo: viviendas que vuelven a levantarse en los mismos lugares, bajo las mismas condiciones, esperando el próximo verano. Es así como observamos la difícil situación de Valparaíso.

Planificar no es solo regular el uso de suelo; es incorporar el riesgo como variable central del desarrollo urbano.

Significa definir dónde se puede y no se puede construir, exigir franjas de protección, promover materialidades más resistentes al fuego, y asumir que el cambio climático ya modificó las reglas del juego.

Significa también coordinar al Estado con los municipios, el sector privado y las comunidades, con responsabilidades claras y estándares exigibles. Se debe estar preparado.

Mientras sigamos entendiendo los incendios solo como una emergencia estacional, seguiremos lamentando pérdidas humanas, sociales y económicas evitables. Penco hoy duele, pero nuevamente también advierte. La pregunta ya no es si volverá a ocurrir, sino si estamos dispuestos, por fin, a planificar para que no vuelva a repetirse de la misma forma.

Porque el fuego no espera. Y la planificación, cuando llega tarde, pierde su rol estratégico en la gestión del territorio, fallando en anticipar riesgos previsibles y trasladando sus costos humanos, sociales y fiscales a las comunidades y al propio Estado.