¿Hay relación entre el crimen organizado y el tamaño del Estado?

Una aproximación rigurosa al crimen organizado exige, ante todo, una mirada estratégica sobre fenómenos manifiestos y latentes, y no la mera acumulación de tácticas reactivas o mecánicas. El crimen organizado no constituye una suma de delitos aislados, sino un hecho social estructurado, con capacidad de adaptación, aprendizaje y reproducción, que opera simultáneamente en planos económicos, territoriales, simbólicos y políticos.

En este sentido, las políticas públicas eficaces no son aquellas que se limitan a responder a los efectos visibles del delito, sino aquellas que comprenden y atacan sus condiciones de posibilidad: la existencia de mercados ilícitos estables, la disponibilidad de territorios con baja densidad estatal, y la presencia de climas sociales donde la violencia organizada puede adquirir legitimidad funcional o simbólica.

Algunas intervenciones inciden directamente sobre estructuras organizadas (por ejemplo, la persecución patrimonial o financiera); otras reducen la probabilidad de control territorial (presencia estatal sostenida, regulación efectiva); y otras actúan en un plano más profundo, reduciendo los valores, expectativas o agravios que pueden confluir en dinámicas insurreccionales o de soberanía criminal paralela. Una política pública madura debe integrar estos tres niveles de intervención de manera coherente.

Desde esta perspectiva, resulta problemático concebir el enfrentamiento al crimen organizado bajo la lógica de una “guerra” o de un combate frontal entendido en términos estrictamente coercitivos. La evidencia comparada muestra que no existe una relación demostrable entre la militarización de la respuesta estatal y la reducción sostenida del crimen organizado.

Casos como México ilustran los límites de esta aproximación: pese a décadas de estrategias de confrontación directa y despliegue militar, las organizaciones criminales no solo persistieron, sino que se fragmentaron, diversificaron y ampliaron su control territorial y económico. Algo similar puede observarse en Colombia en ciertos períodos, donde el debilitamiento de actores armados específicos no se tradujo automáticamente en la desaparición de economías ilícitas, sino en su recomposición bajo nuevas formas. Estos casos sugieren que la lógica bélica tiende a desorganizar actores visibles, pero no a desmontar los sistemas que los sostienen. En muchas ocasiones, las acciones contra un solo líder, por espectaculares que sean, no pasan de ser un golpe de efecto.

No obstante, también existen posiciones que defienden la utilidad de enfoques de “mano dura” o confrontación total, argumentando que solo una demostración inequívoca de fuerza estatal puede restituir el control y disuadir a las organizaciones criminales. Estas posturas suelen citar experiencias como la de El Salvador en su fase más reciente, donde la reducción abrupta de ciertos indicadores de violencia ha sido interpretada como evidencia de eficacia.

Sin embargo, desde una mirada estratégica, estos casos abren interrogantes relevantes sobre sostenibilidad, costos institucionales y desplazamiento del problema: la disminución inmediata de la violencia no equivale necesariamente a la desarticulación de economías criminales, ni garantiza que los factores latentes que permiten su reaparición hayan sido neutralizados.

Por ello, una política pública orientada a reducir estructuralmente el crimen organizado debe ir más allá de la lógica del combate y situarse en el terreno más complejo —pero también más eficaz— de la comprensión estratégica, la construcción de capacidades estatales y la reducción de las condiciones sociales, territoriales y simbólicas que hacen posible la organización criminal.

Crecimiento del crimen organizado

Comencemos el análisis con un hecho irrefutable: el crecimiento del crimen organizado en el mundo. Es un dato que el crimen organizado transnacional continúa expandiéndose en las últimas décadas, consolidándose no solo como un desafío de seguridad pública, sino también como un factor que erosiona la gobernanza, la cohesión social y el desarrollo económico en múltiples regiones del mundo.

El fenómeno, caracterizado por la participación estructurada de grupos en actividades ilícitas —como narcotráfico, trata de personas, ciberdelitos y lavado de dinero— ha mostrado patrones de crecimiento diferenciados según el contexto nacional y regional, pero con tendencias globales claras hacia la diversificación y sofisticación de mercados criminales.

Para analizar las variaciones contemporáneas del crimen organizado a nivel internacional, se recurre al Global Organized Crime Index 2025 (OC Index), elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Este índice evalúa 193 países según tres pilares: criminalidad (intensidad de actividades delictivas organizadas), mercados criminales (tipos y penetración de economías ilícitas) y resiliencia (capacidad estatal para contrarrestar estos fenómenos).

De manera ilustrativa podemos mencionar algunos países elegidos para representar regiones críticas y contrastes en la organización criminal global:

El análisis comparado revela que, aunque la intensidad del crimen organizado varía geográficamente, ciertos patrones son consistentes:

– Diversificación de mercados ilícitos: Más allá del narcotráfico tradicional, los mercados financieros criminales (fraude, lavado de dinero) y ciberdelitos han crecido rápidamente en múltiples países, incluyendo economías desarrolladas.

– Transnacionalización de grupos: Organizaciones del crimen, como carteles en América o mafias en Europa, han establecido operaciones interconectadas que trascienden fronteras, fortaleciendo redes que combinan actividades legales e ilegales.

– Brechas de resiliencia: Países con instituciones más débiles (ej. Myanmar, ciertos países africanos) tienden a exhibir mayores niveles de criminalidad, en tanto que Estados con mayor capacidad institucional (ej. Italia, España) pueden domesticar parte de la actividad, aunque no eliminarla.

La evidencia cuantitativa y comparada de países de diversos continentes muestra que el crimen organizado no es un fenómeno homogéneo, sino un proceso dinámico influido por variables como la capacidad estatal, los mercados ilícitos globales y las interconexiones transnacionales.

El aumento de ciertos delitos —especialmente aquellos asociados con economías digitales y financieras— sugiere que las estrategias de control deben evolucionar más allá de enfoques tradicionales de seguridad pública hacia respuestas integradas que fortalezcan la resiliencia institucional y la cooperación internacional.

Según el Global Organized Crime Index 2025, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), el crimen organizado global ha evolucionado y profundizado de forma significativa en los últimos años, reflejando dinámicas complejas en múltiples dimensiones de actividad criminal.

El informe, que evalúa 193 países a través de los pilares de mercados criminales, actores criminales y resiliencia estatal, destaca varios cambios estructurales en la última década que indican un crecimiento sostenido y transformaciones cualitativas del fenómeno criminal. Es así como se detectan al menos cuatro procesos concurrentes.

1. Expansión y diversificación de mercados ilícitos

El informe señala que los mercados tradicionales como el narcotráfico han persistido, pero han sido superados en tendencia de crecimiento por delitos financieros y cibercrimen.

El delito financiero —incluyendo fraude, lavado de dinero y abusos económicos complejos— registra puntuaciones superiores a otros mercados ilícitos y se ha consolidado como un motor central de la economía criminal global.

2. Reorganización de redes criminales

Con al menos tres ediciones de datos comparables, el índice revela que las estructuras del crimen organizado no solo han crecido en volumen, sino que han reconfigurado sus redes de actuación, adoptando patrones más flexibles y transnacionales.

Esta reorganización permite una mayor penetración y adaptabilidad de actores criminales ante las respuestas estatales.

3. Desfase entre criminalidad y resiliencia

Un hallazgo central es la brecha creciente entre el aumento de la criminalidad y la capacidad de los Estados para contrarrestarla.

En muchos contextos, la resiliencia institucional —entendida como la capacidad de sistemas legales, judiciales y de cooperación internacional para enfrentar el crimen— no ha seguido el ritmo de expansión criminal, lo que sugiere que las respuestas de gobernanza están rezagadas frente a la sofisticación de los grupos ilícitos.

4. Transformaciones específicas de mercados regionales

En regiones como el sudeste asiático, los datos apuntan a un aumento sostenido de la criminalidad en el último lustro, con mercados como drogas sintéticas, trata de personas y delitos financieros ejerciendo una influencia cada vez más severa.

Estos patrones muestran que no solo aumenta la escala del crimen, sino también su complejidad y penetración en ámbitos económicos y sociales locales.

5. Impacto en la seguridad democrática y soberanía estatal

El índice advierte que el crimen organizado socava la democracia, el estado de derecho y la soberanía de los Estados, actuando como un actor que explota las brechas institucionales y debilita los marcos normativos tradicionales.

Tal debilitamiento institucional facilita la expansión de actividades ilícitas a través de fronteras y sectores vulnerables.

Estructuras paraestatales

En conjunto, estos puntos demuestran que la profundización del crimen organizado durante la última década no solo ha implicado un aumento cuantitativo de la actividad ilícita, sino también una transformación cualitativa en sus estructuras, mercados y capacidades de penetración global, lo que plantea desafíos cada vez más complejos para las políticas de seguridad, cooperación internacional y resiliencia institucional

Es bastante claro que la discusión sobre crimen organizado remite, en su núcleo, a un problema de soberanía y coordinación social.

El crimen organizado no es solo una agregación de delitos, sino una asociación criminal orientada a usurpar —y en ciertos contextos, a reemplazar— funciones propias del Estado, particularmente aquellas vinculadas a la coordinación de acciones colectivas: regulación de mercados, control territorial, administración de la coerción y resolución de conflictos.

En este sentido, las organizaciones criminales operan como estructuras paraestatales que se apropian de circuitos económicos, logísticos y financieros —muchas veces de carácter transnacional— con el objetivo de maximizar beneficios privados mediante reglas propias, sanciones violentas y mecanismos de lealtad que compiten directamente con el orden estatal.

El problema central, por tanto, no es solo la ilegalidad de sus actividades, sino la disputa por la capacidad de organizar y mandar en espacios donde el Estado aparece ausente, debilitado o fragmentado.

En ese marco, no resulta sorprendente que el Estado sea con frecuencia señalado como un ente corrupto. Allí donde se concentran poder, recursos y capacidad de decisión, aumentan los incentivos para la captura y la infiltración por parte de actores con ambiciones criminales.

Las herramientas estatales —regulación, policía, justicia, contratación pública, control administrativo— son particularmente valiosas para quienes buscan consolidar economías ilícitas o asegurar impunidad. Esta realidad genera crisis de legitimidad que alimentan un “canto de sirenas” recurrente: la idea de que el problema radica en el Estado mismo y que la solución pasa por reducir su tamaño, expulsar funcionarios y minimizar sus funciones.

Desde esta perspectiva, el aparato estatal sería intrínsecamente ineficiente o corruptible, y su adelgazamiento aparecería como condición para recuperar orden y seguridad. Sin embargo, esta lectura confunde la captura del Estado con su existencia, y termina proponiendo remedios que, en muchos casos, profundizan las condiciones que permiten la expansión del crimen organizado.

Es un círculo vicioso: la corrupción del estado profundiza la corrupción del estado. Si el aparato burocrático es el culpable, la sociedad busca minimizarlo o castigarlo, destruyendo su sistema operativo.

Es una enfermedad autoinmune. El cuerpo social ataca los mecanismos que necesita para protegerse y gobernarse.
La evidencia comparada sugiere, por el contrario, que los Estados que han desarrollado capacidades efectivas —en control territorial, persecución judicial, fiscalización financiera y coordinación interinstitucional— son los que muestran mayor viabilidad para contener y fragmentar al crimen organizado.

Es cierto que existen experiencias en las que reducciones administrativas o reconfiguraciones del aparato estatal han coexistido con mejoras puntuales en seguridad interior y descensos de ciertos indicadores delictivos; no obstante, estos casos suelen corresponder a ajustes selectivos, concentrados en eliminar redundancias o ineficiencias, y no a un debilitamiento de las capacidades estratégicas del Estado.

Cuando la reducción afecta dichas capacidades, la experiencia muestra que el vacío tiende a ser ocupado por actores criminales que asumen funciones de coordinación y coerción.

Tamaño del Estado

En consecuencia, el dilema no es “más Estado versus menos Estado”, sino Estado capaz versus Estado erosionado: la reducción indiscriminada del Estado puede ofrecer una respuesta simbólica a la crisis de legitimidad, pero difícilmente constituye una estrategia sostenible para enfrentar organizaciones que, precisamente, prosperan en contextos de debilidad institucional.

En la medida que se signa al estado como el culpable de los problemas sociales (caricatura idéntica, aunque opuesta, a culpar a las empresas de los males de la sociedad), surge la tentación de convocar a una perspectiva revolucionaria: achicar radicalmente el estado.

El debate contemporáneo sobre el “achicamiento del Estado” suele formularse en términos agregados de gasto público y dotación administrativa, sin distinguir adecuadamente entre tamaño formal del aparato estatal y capacidades efectivas de gobierno.

Lo cierto es que bien vale preguntarse, desde una perspectiva comparada y empíricamente fundada, si existe una relación positiva, negativa o nula entre la reducción del tamaño del Estado —medida en funcionarios y gasto— y la evolución del crimen organizado.

El análisis muestra que no existe una relación causal directa entre tamaño del Estado y criminalidad organizada; sin embargo, sí se observa una relación consistente entre el debilitamiento de capacidades estatales críticas y el fortalecimiento de economías criminales organizadas. La clave analítica reside, por tanto, no en el tamaño del Estado en sí mismo, sino en el impacto funcional de las reformas administrativas sobre las capacidades estatales estratégicas.

En las últimas décadas, múltiples países han impulsado reformas orientadas a reducir el tamaño del Estado (Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Perú, México y Colombia), ya sea mediante la disminución del número de funcionarios públicos, la contención del gasto fiscal o la externalización de funciones administrativas.

Estas reformas han sido justificadas, en general, por razones de eficiencia, sostenibilidad fiscal o dinamización económica. Paralelamente, el crimen organizado ha mostrado una expansión sostenida en diversas regiones del mundo, planteando interrogantes respecto de la relación entre ambos procesos.

La pregunta debe ser estrictamente empírica: ¿existe una relación sistemática entre el achicamiento del Estado y el aumento o disminución del crimen organizado, o dicha relación depende de variables intermedias asociadas a las capacidades estatales efectivas?

La literatura en economía política e institucionalismo distingue con claridad entre tamaño del Estado y capacidad estatal. El primero remite a indicadores cuantitativos —gasto público, empleo estatal, cobertura administrativa—, mientras que el segundo alude a la habilidad efectiva del Estado para ejercer control territorial, recaudar impuestos, hacer cumplir la ley, regular mercados, producir inteligencia y perseguir actividades ilícitas complejas.

Esta distinción es crucial, ya que el crimen organizado no responde prioritariamente al volumen del gasto ni al número de funcionarios, sino a la probabilidad de detección, sanción y pérdida patrimonial, es decir, a la calidad de las capacidades estatales.

Respecto a esta problemática podemos distinguir entre tres hipótesis.

a) Hipótesis de independencia: Tamaño administrativo y crimen organizado no guardan relación directa

Una primera hipótesis sostiene que el tamaño del Estado, medido en gasto público o número de funcionarios, no mantiene una relación directa con la presencia o ausencia de crimen organizado. Esta tesis encuentra respaldo parcial en países que, aun manteniendo Estados relativamente pequeños, exhiben altas capacidades estatales efectivas.

Casos como Singapur y Estonia ilustran esta posibilidad. Ambos presentan aparatos administrativos compactos y niveles de gasto público moderados, pero cuentan con sistemas judiciales altamente eficaces, controles financieros robustos y capacidades aduaneras y portuarias avanzadas. En estos contextos, la criminalidad organizada permanece contenida y no logra capturar funciones estatales relevantes.

No obstante, estos ejemplos corresponden a trayectorias históricas de diseño estatal compacto y funcional, más que a procesos recientes de achicamiento deliberado.

En consecuencia, si bien demuestran que un Estado pequeño puede ser fuerte, no prueban que la reducción del tamaño estatal preserve automáticamente las capacidades necesarias para contener el crimen organizado.

b) Hipótesis intermedia: el tamaño importa en la medida en que afecta capacidades críticas

La evidencia comparada respalda con mayor consistencia una hipótesis intermedia: el tamaño del Estado no tiene un efecto directo sobre el crimen organizado, pero sí un efecto indirecto cuando su reducción impacta negativamente las capacidades estatales estratégicas.

Experiencias como las de Canadá y Alemania muestran que es posible implementar procesos de racionalización administrativa o contención del empleo público sin provocar un deterioro significativo de la resiliencia frente al crimen organizado. En ambos casos, los ajustes administrativos preservaron —e incluso reforzaron— áreas clave como la persecución penal especializada, el control financiero, las aduanas y la cooperación entre agencias auxiliares de seguridad.

Estos casos sugieren que el achicamiento del Estado puede ser neutral en términos de criminalidad organizada cuando es selectivo, funcionalmente diseñado y acompañado de fortalecimiento institucional en los ámbitos críticos. El riesgo emerge no del ajuste en sí, sino de su impacto sobre las capacidades de control, fiscalización y sanción efectiva.

c) Hipótesis radical: reducción funcional del Estado y expansión del crimen organizado

Una tercera hipótesis plantea que la reducción del Estado puede asociarse a un aumento del crimen organizado cuando afecta directamente las capacidades estatales fundamentales.

La evidencia muestra que esta relación aparece bajo condiciones específicas, particularmente en procesos de ajuste mal diseñados o no selectivos.

Casos como México, ciertas regiones del sur de Italia, y El Salvador (en su etapa previa al giro autoritario reciente) muestran dinámicas en las que la retirada funcional del Estado —especialmente a nivel territorial, policial y judicial— fue acompañada por la ocupación de esos vacíos por organizaciones criminales. En estos contextos, las redes ilícitas asumieron funciones de regulación, coerción y resolución de conflictos, configurando formas de soberanía paralela.

Cabe subrayar que estos casos no permiten afirmar una ley general según la cual toda reducción del tamaño estatal genera criminalidad organizada. Sin embargo, sí evidencian que cuando el achicamiento implica debilitamiento de capacidades críticas, el riesgo de expansión criminal aumenta de manera significativa.

¿Hay forma de extraer una respuesta viable a esta problemática?

Una mirada detallada parece señalarnos que no existe una relación mecánica entre el tamaño del Estado y el crimen organizado, pero sí existe una relación consistente entre la erosión de capacidades estatales efectivas y la expansión de economías criminales organizadas.

El tamaño administrativo opera como una variable secundaria, relevante solo en la medida en que sostiene —o debilita— dichas capacidades.

En síntesis

El crimen organizado prospera donde la presencia y la capacidad estatal son bajas, fragmentadas o corruptas.

No hay evidencia sólida de que reducir el tamaño del Estado —en términos generales— reduzca el crimen organizado. Tampoco hay una relación directa entre achicarlo y el aumento del crimen organizado, aunque puede ocurrir si al achicarlo se destruyen capacidades estatales.

Esto implica que cualquier política de achicar el estado debe responder a un diseño técnico y a un diagnóstico completo.

La evidencia indica que fortalecer las capacidades institucionales específicas del Estado está asociado con mayores probabilidades de contener y fragmentar las organizaciones criminales.

Por tanto, un enfoque estratégico para enfrentar el crimen organizado debería centrarse en desarrollar y fortalecer capacidades estatales relevantes (coerción legítima, justicia independiente, control fiscal y aduanero) antes que en meras discusiones sobre reducir el tamaño formal del Estado.