Luego que la bancada republicana presentara una acusación constitucional en contra de la ministra Izkia Siches, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) señaló que "nuestra primera aproximación es que no corresponde (...), porque está reservada para verdaderos delitos cometidos en el cargo". Sin embargo, confirmó que buscarán interpelar a la secretaria de Estado en la Cámara.
El diputado Guillermo Ramírez (UDI) reiteró que no es el momento para presentar una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.
Este miércoles, la bancada de diputados republicanos oficializó esta acción en el Congreso, a través de un documento que contiene siete capítulos y más de 150 páginas.
La acusación contra la secretaria de Estado se ingresó por “comprometer gravemente el honor de la Nación, por comprometer gravemente la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado éstas sin ejecución”.
Ante ello, Ramírez sostuvo que “nuestra primera aproximación es que no corresponde una acusación constitucional, porque ésta está reservada para verdaderos delitos cometidos en el cargo”.
“Tiene una sanción muy grave, que es sacar de la vida democrática al acusado”, agregó.
Ramírez dice que avanzarán en interpelación a Siches
Sin embargo, el legislador gremialista aseguró que su partido presentará una interpelación contra Siches, lo que permitirá interrogarla sobre su gestión en el cargo.
Además, no se descarta que esta herramienta parlamentaria sea utilizada para citar a ministros de otras carteras.
Finalmente, indicó que de todas formas “el texto lo vamos a analizar en profundidad de manera seria, vamos a debatirlo internamente y vamos a ver qué hacemos con las siete acusaciones que contiene este libelo”.
Cabe recordar que los capítulos versan sobre el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado en el contexto del estallido social; generar “un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina” al utilizar el concepto de Wallmapu; y entregar informaciones “inexactas o intencionalmente incompletas” a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, entre otras materias.
