Cerca de 40 mil hectáreas han sido consumidas por incendios forestales entre las regiones de Ñuble y Biobío esta temporada. Un 60% fue arrasado por el fuego en las últimas 72 horas, principalmente en zonas rurales o en la llamada interfaz urbano-rural.
En Biobío, de las 33 comunas de la región, 25 son rurales y alcanzan un 87% del territorio regional y el 40% de su población. En Ñuble, 20 de sus 21 comunas son predominantemente rurales y abarcan el 96% del territorio y el 62% de la población regional.
Dadas las características sociales, ambientales y económicas, sus habitantes son quienes presentan mayor riesgo frente a emergencias de este tipo, debido a la localización de los asentamientos, inequidades, usos de suelo y casi nula planificación territorial.
Un aspecto que subyace a este complejo escenario es el abandono sistemático del Estado hacia estas formas de habitar la naturaleza, el desconocimiento de la ruralidad del país. Las angustiantes solicitudes de ayuda de parte de los pobladores y de las autoridades locales dejan en evidencia esta invisibilidad.
Los recientes resultados de la CASEN son una muestra elocuente. La pobreza multidimensional arrojó que un 17,7% vive en esta condición a nivel país, pero cuando hacemos un zoom a las cifras de la ruralidad regional de Biobío y Ñuble, nos encontramos con un índice cercano al 22%.
¿Qué rol juega la pobreza en este tipo de catástrofe? Parte importante de la gestión del riesgo tiene que ver con la vulnerabilidad y esta, a su vez, con la capacidad de resiliencia. Ambas variables se complican cuando existe una base social deprimida.
Otro factor es la capacidad de planificación y gestión local. Según información publicada por Senapred, del total de 54 comunas de ambas regiones, solo 31 (incluidas entre ellas Concepción y Penco) cuentan con Planes de Emergencia y Planes de Reducción de Riesgos de Desastres, que, juntos, actúan como instrumentos clave en la Gestión del Riesgo de Desastres.
A su vez, 19 comunas poseen solo uno de los dos planes mencionados y cuatro no cuentan con ninguno. La mayoría de estos últimos casos pertenecen a municipios rurales. Aun contando con todas estas herramientas, todo indica que cada temporada los esfuerzos resultan insuficientes. El problema parece estar en la implementación.
El desafío no es solo superar la indiferencia del sector público, que proviene principalmente del nivel central, sino también mejorar la capacidad de sostener una gobernanza local articulada con las otras escalas territoriales que permita enfrentar a tiempo el riesgo y la emergencia, haciendo que los múltiples diagnósticos, planes y mesas de trabajo tengan sentido a la hora de actuar.
El nuevo ciclo político abre una oportunidad de mejor relacionamiento con los alcaldes rurales, sus equipos y comunidades, para entender mejor el territorio, sus necesidades y fortalecer la gestión colaborativa.
Esta vez, el fortalecimiento debe traducirse en medidas concretas enfocadas en la prevención por sobre la reacción, para no depender de la suerte ante la acción humana, la próxima ola de calor y el siguiente desastre que enfrentaremos.
José Luis Romero
Ingeniero Agrónomo
Académico Instituto Estudios Urbanos y Territoriales UC (IEUT UC)
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