Chile enfrenta una crisis hídrica que dejó de ser coyuntural y se convirtió en estructural. Sequías prolongadas, eventos extremos más frecuentes y una presión creciente sobre los ecosistemas acuáticos han puesto de manifiesto las limitaciones del actual modelo de gestión del agua.
En este escenario, el próximo gobierno no solo heredará diagnósticos ampliamente conocidos, sino también una responsabilidad política ineludible: avanzar de la planificación declarativa hacia la implementación de una política hídrica coherente.
Diversos informes técnicos —entre ellos el documento recientemente entregado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) a las candidaturas presidenciales— coinciden en un punto central: nuestro país requiere con urgencia un “Plan Hídrico Nacional” que ordene, priorice y entregue coherencia a los múltiples instrumentos existentes.
No se trata de crear un nuevo documento, sino de establecer una hoja de ruta clara, con objetivos medibles, plazos definidos y responsabilidades institucionales explícitas. Sin este marco común, los esfuerzos seguirán siendo fragmentados y, en muchos casos, ineficaces.
En los últimos años se ha avanzado en la elaboración de Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas (PERH), un instrumento clave para avanzar hacia la seguridad hídrica a escala territorial. Sin embargo, el desafío ya no es normativo, sino operativo.
La pregunta que debe responder la próxima administración es si estos planes contarán con los recursos, la coordinación intersectorial y el respaldo político necesarios para que sus medidas se implementen de manera efectiva, o si quedarán reducidos a diagnósticos técnicamente sólidos, pero sin impacto real en el territorio.
A lo anterior se suma un aspecto crítico y postergado: la calidad del agua. La discusión hídrica en el país ha estado históricamente dominada por la cantidad, dejando en segundo plano la degradación progresiva de ríos, lagos y acuíferos. Las normas secundarias de calidad del agua son una herramienta preventiva fundamental para proteger los ecosistemas y los usos asociados a ellos.
No obstante, su avance ha sido lento y desigual, y su ausencia en muchas cuencas genera vacíos que luego se traducen en conflictos socioambientales difíciles de revertir.
Casos como el del Lago Vichuquén evidencian las consecuencias de no contar oportunamente con estándares claros, monitoreo sistemático y medidas de gestión coordinadas. Cuando la respuesta del Estado llega tarde, el costo ambiental, social y económico es significativamente mayor.
Prevenir estos escenarios requiere voluntad política para priorizar la calidad del agua como un eje central de la gestión hídrica, y no como un elemento accesorio.
El próximo gobierno tiene, por tanto, una oportunidad y una prueba. La oportunidad de consolidar una política hídrica de Estado, basada en un Plan Hídrico Nacional robusto, en la implementación efectiva de los planes de cuencas y en normas ambientales que protejan los ecosistemas antes de su colapso.
Y la prueba de que la seguridad hídrica no es solo un concepto recurrente en los discursos, sino un compromiso real con el futuro del país. Postergar decisiones ya no es una opción.
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