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Desde la política pública, el desafío es claro: definir estándares mínimos de conocimiento financiero, asignar responsabilidades y resguardar el uso de la información.
En Chile no cualquiera puede manejar un auto. Exigimos exámenes, práctica y una licencia de conducir. La razón es obvia: una mala decisión al volante puede dañar a otros.
Pero cuando se trata de crédito, que también puede generar daños reales y duraderos a los demás, hacemos exactamente lo contrario: prestamos plata demasiado fácil y educamos demasiado poco sobre sus riesgos.
Hoy una persona puede firmar un crédito sin entender qué es la tasa de interés, la CAE, los seguros asociados o las consecuencias de no pagar.
No es una exageración: estudios recientes (2025) muestran que menos de un cuarto de las personas entiende conceptos financieros básicos como interés o inflación, y más del 80% declara no haber recibido nunca educación financiera formal. Aun así, seguimos sorprendidos por la morosidad. Hay algo ahí que nos negamos ver.
El resultado es predecible. Personas con bajo conocimiento financiero negociando con ejecutivos que sí dominan el producto, con incentivos claros (y legítimos por cierto) a vender. La asimetría de información es enorme. Y cuando esa asimetría termina en sobreendeudamiento, estrés familiar, deterioro laboral o problemas de salud mental, no podemos seguir llamándolo “mala decisión personal”, porque no lo es. Es una falla estructural.
Por eso propongo algo que incomoda a varios, pero que ya no se puede seguir evitando:
Antes de otorgar un crédito, debería exigirse educación financiera obligatoria. No como un favor, no como un folleto, no como un curso voluntario. Como un requisito. Exactamente igual que una licencia de conducir, pero una para endeudarse.
Un taller breve, práctico, sin marketing ni letra chica. Qué es la CAE, cómo leer la hoja resumen, qué rol cumplen los seguros, cómo se arma un presupuesto realista, cuáles son las señales tempranas de sobreendeudamiento y los efectos de no pagar. Nada sofisticado. Nada ideológico. Lo indispensable para tomar una decisión que puede afectar años de vida.
¿Idea extrema?
¿Es una idea extrema? No. Es una idea probada. Modelos de microfinanzas exitosos como el Banco Grameen (con origen en Bangladesh y operaciones en otros países) integran educación financiera antes y durante el crédito, no por altruismo, sino porque reduce la mora y mejora el uso del dinero.
En Chile, programas como Fondo Esperanza, iniciativas del FOSIS y experiencias municipales usan exitosamente la misma estrategia, pero, lamentablemente, operan en una baja escala.
La banca, por su parte, ha hecho un esfuerzo ofreciendo educación financiera voluntaria desde hace años. Pero sabemos que lo voluntario no cunde, no impacta. No porque las personas no quieran aprender, sino porque nadie prioriza educación financiera cuando el crédito está a dos clics de distancia.
El argumento del costo tampoco resiste análisis. Un módulo digital tiene costo marginal cercano a cero. De hecho, apostaría que el ahorro por menor mora supera con creces el costo del programa, sin subir tasas ni crear nuevos cargos. Esto no sería filantropía: sería eficiencia. Es sostenibilidad real, no “greenwashing” financiero.
Además, el sistema de finanzas abiertas que se avecina hace este debate aún más urgente. Tendremos más información, más ofertas y más complejidad. Sin educación financiera, eso probablemente no empoderará a las personas, sino que las confundirá y expondrá.
¿Habría resistencia de los clientes? Depende de los incentivos. Si la formación financiera permite mejores condiciones de crédito, mayor acceso y menos errores costosos, la respuesta es evidente. La verdadera resistencia vendrá de quienes le teman a los cambios.
Desafíos
Desde la política pública, el desafío es claro: definir estándares mínimos de conocimiento financiero, asignar responsabilidades y resguardar el uso de la información.
La CMF es el candidato natural para liderar este proceso. Tiene atribuciones, datos y experiencia. Lo que falta entonces no es capacidad técnica. Es decisión.
En el fondo, el debate es más simple de lo que parece. Todos saben que prestar sin educar genera problemas. La evidencia está sobre la mesa y el diagnóstico es compartido. Pero cuando llega el momento de hacerlo obligatorio, todos dicen: alguien tiene que ponerle el cascabel al gato.
Y en materia de crédito, ese “alguien” no puede seguir siendo el consumidor individual. Si el sistema reconoce la falla, también debe asumir el costo de corregirla.
Si realmente queremos menos mora, menos estrés y decisiones más sanas, dejemos de fingir sorpresa. Prestar sin educar no es inocuo. Es irresponsable. Educar antes de prestar no es una opción blanda ni una moda académica. Es una obligación para un sistema financiero que se toma en serio a las personas.
