Cuando fue ministra de Obras Públicas desde 2012 a 2014 María Loreto Silva promovió -entre otras iniciativas- la construcción del puente Chacao que unirá Chile Continental y la Isla Grande de Chiloé.
Sin duda un progreso importante, pero la obra -construida por el consorcio liderado por Hyundai- no ha estado exenta de polémica. Una de ellas se gatilló a fines de 2019, cuando se reveló que Silva es socia del estudio de Jorge Bofill, un importante abogado del foro, quien a su vez patrocina a la multinacional coreana en sus litigios con el Estado por la construcción del mega viaducto. Y no es todo, el hijo de Jorge Bofill es asesor jurídico del MOP.
A raíz de estos cruces públicamente conocidos, la Contraloría emitió un duro dictamen cuestionando a María Loreto Silva, quien hoy preside el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), por los vínculos y cruces antes mencionados.
Lea el dictamen
En el documento se indica que a sabiendas que el bufete donde es socia, Silva asumió la titularidad de la ENAP, pese a que la Ley de Bases de la Administración del Estado establece al menos una inhabilidad ética.
El dictamen del organismo explica que si bien la ley no regula la participación de un funcionario público en sociedades profesionales, “en la que uno o más de sus socios asumen la representación de terceros (…) en contra de un organismo (…) del Estado”, de todos modos el hecho implica una situación contradictoria.
“(…) conforme a la información que se ha tenido a la vista, doña María Loreto Silva Rojas, aparece vinculada a la sociedad “Asesorías Bofill Escobar Limitada, a través de Asesorías MLSR SPA, como también sucede como también sucede que don Jorge Bofill García (hijo) quien se relaciona con aquella con la sociedad, por medio de Asesorías e Inversiones BG”, agrega el documento.
El hecho, detalla la entidad fiscalizadora, “podría conducir al absurdo de que el funcionario se abstenga de patrocinar tales causas y eventualmente reciba utilidades provenientes de la sociedad en la cual participa”.
En otras palabras, continúa el dictamen, se produce “una situación de elusión de la ley”. Sin embargo, a renglón seguido, reconoce que existe un vacío legal que va más allá de la ley que no obliga de manera expresa a evitar este tipo de conflictos, por lo que recomienda que sea “remediado por la vía legislativa”.
La entidad revisora requirió información a Silva, quien respondió que no existen “inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio del cargo de directora de la ENAP”.
En todo caso, la Contraloría reconoce que Bofill García hizo presente al gabinete del MOP su inhabilidad con cualquier proyecto en los que esté relacionado su padre.
Este medio consultó a la ENAP, donde se indicó que ni la empresa ni Silva como abogada han sido notificados del dictamen de Contraloría por lo que declinaron opinar.
Al mismo tiempo, a través de la empresa de Lobby Imaginacción, se indicó que el abogado Jorge Bofill (padre) “no participaría” de esta nota para entregar su versión atendido que, a su juicio, el tiempo requerido para ello no cumplía con sus requerimientos de entrevista por escrito.
En el MOP, en tanto se informó que hasta el cierre de esta edición se analizaba el documento. Por esta razón, se explicó, la respuesta quedaría pendiente.
