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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley Alberto, la cual requiere controles de alcohol y drogas a conductores de transporte urbano de forma regular, en memoria de Mauro Alberto Gómez Estay, quien murió atropellado por un chofer bajo la influencia de drogas. La propuesta, que modifica la Ley de Tránsito, debe pasar por la Sala de la Cámara. La iniciativa busca que las empresas realicen pruebas de alcohol y drogas a conductores al menos dos veces al año, con cuatro meses de diferencia entre cada una, utilizando instrumentos certificados.

Este martes, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley Alberto, que exige controles de alcohol y drogas a conductores del transporte urbano de forma periódica.

La propuesta surge a raíz del caso de Mauro Alberto Gómez Estay, estudiante del Liceo Eduardo de la Barra, quien falleció tras ser atropellado por un chofer de microbús que conducía bajo la influencia de drogas.

Con la “luz verde” obtenida por la comisión, la iniciativa que modifica la Ley de Tránsito deberá ser revisada por la Sala de la Cámara para continuar su tramitación legislativa.

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¿Qué propone la Ley Alberto?

La iniciativa busca que las empresas de transporte público y privado de pasajeros realicen controles de alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas a sus conductores de forma periódica.

El detalle del proyecto propone que estas pruebas sean obligatorias y se apliquen al menos dos veces en un año calendario.

Sobre esa línea, recalca que el testeo tendrá que hacerse con al menos cuatro meses de distancia entre uno y otro, y que aquello no reemplazará las pruebas que realice la autoridad competente.

“Las pruebas deberán ser realizadas con instrumentos certificados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a las características técnicas que define su reglamento, distinguiendo entre aquellos que son capaces de detectar la conducción bajo la influencia del alcohol o de los otros”, agrega el documento.

A partir de los controles, el proyecto de ley propone que las empresas elaboren un registro que constate la aplicación de las pruebas, y se entregue semestralmente a la autoridad.

Además, plantea aplicar multas a beneficio fiscal de 1,5 a 3 UTM ($104.626 a $209.253) para las empresas que incumplan la norma. Los montos se efectuarían por cada trabajador al que se haya omitido el examen. “En caso de reincidencia, la empresa perderá la autorización de funcionamiento asociada al servicio de transporte de pasajeros”, complementa el documento.