La jueza Karen Atala fue la encargada de llevar la audiencia de control de detención y posterior formalización de Nicolás Ríos (20), estudiante de Geografía de la Universidad de Playa Ancha acusado de lanzar una bomba molotov, por lo que se determinó su prisión preventiva. Dicho motivo provocó que la jueza recibiera una serie de amenazas y funas.
La detención del joven ocurrió el pasado viernes 10 de enero e inmediatamente se viralizó un video en redes sociales donde se mostraba el presunto secuestro de un joven en las cercanías del cerro Santa Lucía.
Más tarde, Carabineros salió a aclarar que se trataba de una detención realizada por efectivos del OS-9, quienes luego pusieron al joven a disposición de la justicia.
Al joven se le acusa arrojar un elemento incendiario, hecho por el cual se determinó su prisión preventiva mientras dura la investigación del caso (60 días), pues se consideró que representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Las amenazas
Posterior a las audiencias y la determinación de la prisión preventiva, usuarios en redes sociales viralizaron el caso, acusando a la jueza de negarse a ver el video de la detención del joven y de no permitir el ingreso de la familia a la audiencia.
Las acusaciones contra la jueza en redes sociales fueron escalando hasta convertirse en amenazas contra su persona y funas, e incluso se filtró la dirección de Atala.
La realidad de la audiencia
Más tarde se dio a conocer el audio de la audiencia, el que fue recogido por La Tercera, donde se señala que Atala sí vio el video de la detención del joven antes de dirimir, además de establecerse que la entrada de familiares es una determinación que no corresponde a la jueza y que posterior al 18 de octubre se decidió que en las tardes solo puede ingresar al Centro de Justicia un familiar por imputado o víctima.
Según se señala, los hechos habrían ocurrido el pasado viernes 10 de enero a las 22:05 horas, mientras que el joven fue detenido a las 23:00 horas en las cercanías del cerro Santa Lucía.
El persecutor del Ministerio público sostuvo que el joven puso “tenaz resistencia”, por lo que carabineros usó la fuerza para reducirlo.
Asimismo, se dio cuenta que el joven vestía una polera o chaqueta de color terracota, un casco color gris de bicicleta y en ambas manos guantes de color negro y amarillo.
Las vestimentas fueron pesquisadas y se les hizo un análisis comparativo. Según sostuvo el fiscal, se “detectó la presencia de gasolina en la muestra M2, que es un trozo de tela levantado de los guantes incautados en poder del imputado”.
El defensor del joven cuestionó la muestra, señalando que “en el video de la detención no se ve el guante”, motivo por el cual la jueza pidió explicaciones al fiscal, quien señaló que se incautó “al imputado en el momento de su detención, el cual no presenta reclamo alguno. En el acta no se especifica dónde tenía los guantes, pero estaban en poder del imputado al momento de la incautación”.
Sobre el video de la detención, el abogado persecutor emplazó a Atala para que revisara la pieza audiovisual de la detención, pues hasta ese momento la jueza solo había visto el video grabado por carabineros donde se presume que el joven lanza la bomba molotov junto con los detalles cuadro por cuadro presentados por el Ministerio Público.
Luego de revisar el video de la detención la jueza señaló que “al tribunal le queda claro que es la misma chaqueta que aparece en el video”.
Sobre la acusación de no poder ingresar familiares a la audiencia, se explicó que luego de las protestas sociales del 18 de octubre, por razones de seguridad y dado al personal de Gendarmería, se decidió que en las tardes solo puede ingresar al Centro de Justicia un familiar por imputado o víctima.
Luego de la prisión preventiva la defensa de Nicolás presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se modifique la cautelar por arresto domiciliario parcial, sin embargo, el Tribunal de Alzada confirmó la prisión preventiva de forma unánime.
Las repercusiones
Desde Fundación Iguales donde Atala es parte del directorio, Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de la organización, señaló sobre los insultos, acusaciones y amenazas que se vieron en redes sociales son “un grupo de mentiras donde básicamente acusaban a la jueza de actuar de forma parcial contra el imputado, casi en una conspiración del Estado para perjudicarlo y ninguna de esas mentiras es sustentada”.
“Partían diciendo, por ejemplo, que la jueza no dejó entrar a los familiares al juicio y es falso. Eso no corresponde a la jueza, sino a Gendarmería, que avisa que pasen los familiares y donde la jueza no interviene más”, sostiene.
Asimismo, detalla que “decían que no se registró la denuncia por la agresión de Carabineros ni por las lesiones sufridas. Es falso. La jueza lo registra”.
“Decían que no se vio el video de la detención. Es falso. La jueza vio el video y se incluye como evidencia donde se constata que la persona detenida efectivamente sería la misma persona que los carabineros señalaban en otra imagen”, aseguró.
Del mismo modo, explica que “ha habido un número de mentiras que han ido generando la idea de que prácticamente la jueza Karen Atala es una enemiga de todo lo bueno que conocemos (…) porque era presentada como una persona vil a la cual no debía tratarse con ningún respeto ni consideración”.
Agrega que las acusaciones subieron de tono “al punto de que fueron escalando las mentiras, la desinformación, la descalificación y los insultos hasta convertirse en amenazas a ella, a su familia e incluso filtrando su dirección en redes sociales”.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, en conversación con Radio Bío Bío señaló sobre las amenazas que “es peligroso. No es bueno que eso suceda porque la jueza fue a conversar conmigo y me mostró su celular con las amenazas (…) la seriedad de esas amenazas uno nunca sabe lo que va a pasar, menos en los tiempos que estamos viviendo”.
“Es preocupante que a los jueces de Garantía se les esté amenazando, lo que pasó con la jueza Atala, pero son gajes del oficio”, sostuvo.
Finalmente, señaló que “yo vi las amenazas, me las mostró y me mostró los videos también (…) de cuando tomaron detenido a este joven y del momento anterior, los videos en que aparecería arrojando bombas”.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
