En una resolución del 26 de octubre, a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, el jefe máximo del Ministerio Público estableció un nuevo “orden de subrogación del fiscal nacional”, Jorge Abbott, que establece quienes lo reemplazan en el cargo durante sus vacaciones, licencias o viajes al extranjero.

En el primer lugar para reemplazarlo de forma interina colocó al fiscal regional metropolitano centronorte, Xabier Armendariz; seguido por el metropolitano occidente, José Luís Pérez Calaf; el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes; el titular de Antofagasta, Alberto Ayala; y el fiscal del Maule, Julio Contardo.

De esta manera, salió del orden de subrogancia el fiscal metropolitano oriente Manuel Guerra, quien ocupaba hasta ahora el segundo lugar, tras el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, que deja el cargo en diciembre.

Según las fuentes consultadas por La Radio, Abbott tomó esta decisión por el liderazgo que ha alcanzado Guerra entre sus pares y por las diferencias que tuvo con él cuando le concedió una salida alternativa al juicio a los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

El querellante en esta causa, el abogado Mauricio Daza, opinó que Guerra es uno de los que suena como reemplazante de Abbott en caso que deje el cargo antes de los seis años que le restan como fiscal nacional.

También salió de la lista de subrogancia, publicada en el Diario Oficial el 7 de julio pasado, el fiscal regional de los Lagos, Marcos Emilfork, quien ocupaba el quinto lugar.

La decisión se da al mismo tiempo que dicho persecutor investiga la denominada arista Ascar del caso Sename, donde están imputados dos exministros de justicia: José Antonio Gómez y Javiera Blanco.

La defensa de esta última pidió sacar de la investigación a Emilfork, pero Abbott decidió mantenerlo “por ahora”.

Para el diputado René Saffirio sería “aberrante” que el fiscal nacional remueva al persecutor de Los Lagos.

El lunes pasado, justo cuando declaraba el exministro Gómez ante Emilfork en Santiago, visitaron la Fiscalía los abogados de Javiera Blanco, Paula Vial y Rodrigo Molina, quienes habrían presentado un nuevo escrito cuestionando la imparcialidad del persecutor.