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Minsal aplicar√° Ley de Aborto desde enero y estima 2.500 mujeres beneficiadas en 2018
Publicado por: Guido Focacci La información es de: Monserrat Valenzuela
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69 establecimientos de salud est√°n en condiciones de efectuar la intervenci√≥n quir√ļrgica que requieran las mujeres que se acojan a la ley de aborto en tres causales, que ya cuenta con el visto bueno del Tribunal Constitucional.

El Ministerio de Salud estima que en enero contar√°n con los profesionales para implementar la ley. Se calcula que 2.500 mujeres al a√Īo se acoger√°n a la iniciativa.

La ministra del ramo, Carmen Castillo, explic√≥ adem√°s que durante este a√Īo -hasta la promulgaci√≥n de la iniciativa y la elaboraci√≥n del reglamento respectivo- se capacitar√°n a m√°s profesionales para aumentar el bajo n√ļmero de s√≥lo 17 especialistas materno fetales con los que cuenta el sistema p√ļblico y se adquirir√° el equipamiento necesario para entregar la prestaci√≥n.

La ministra también se refirió a la denominada objeción de conciencia que los profesionales de salud y médicos, podrán usar para abstenerse de efectuar las prestaciones. Afirmó que en este caso las amenazas no sirven, en clara alusión a las advertencias hechas por el rector de la Universidad Católica, quien dijo que en las clínicas de la red UC Christus no se interrumpirán embarazos bajo ninguna causal.

Para la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional sugiera ampliar la objeción a las instituciones, y en ese escenario trabajarán para proteger a los objetores.

Para la presidenta del Colegio de Matronas, en tanto, Anita Rom√°n, la ley no debiera dar cabida a la objeci√≥n por instituciones, porque perjudicar√≠a a un grupo de la poblaci√≥n que, por ejemplo, tiene planes de salud cerrados, en el que la √ļnica alternativa es una de las cl√≠nicas de la red UC Christus.

El próximo lunes se conocerá el contenido del informe del Tribunal Constitucional con los argumentos de la sentencia y luego enviará un oficio a la presidenta Michelle Bachelet. Luego de su promulgación, el Gobierno tiene 90 días para la elaboración de los reglamentos, necesarios para la implementación y entrada en vigencia de la ley.

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