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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Trabajadores penitenciarios de Magallanes rechazan proyecto que busca dividir custodia de reinserción y trasladar uniformados al Ministerio de Seguridad. Gremios critican solución gubernamental post operativo anticorrupción, afirmando que agudizará crisis carcelaria. Denuncian abandono estatal en infraestructura y remuneraciones, proponiendo medidas internas para combatir corrupción.

El Frente de Trabajadores Penitenciarios de la región de Magallanes rechazó tajantemente el proyecto que busca separar la custodia de la reinserción y trasladar a los uniformados al Ministerio de Seguridad.

Las cuatro asociaciones más importantes de Gendarmería en la región (Anfup, Agech, Ansog y Adiptgen) han conformado un bloque unido para manifestar su “profundo desconsuelo” y rechazo ante la reforma institucional anunciada el pasado 16 de diciembre.

La propuesta surge como respuesta al operativo “Apocalipsis”, que desbarató una red de corrupción que involucraba a 44 funcionarios.

Sin embargo, para los trabajadores penitenciarios de la zona austral, la solución planteada por el Ejecutivo —que incluye separar a uniformados y civiles en ministerios distintos— es un error que “agudizará la crisis carcelaria”.

Gendarmes en contra

A través de un duro comunicado, los gremios magallánicos desglosaron las razones de su oposición, como la división de funciones, donde afirman que separar la custodia de la reinserción es inviable y perjudicará gravemente la gestión de la población penal.

Además, los dirigentes cuestionan la lógica del Gobierno. Afirman que el crimen organizado intenta corromper a todas las instituciones (FFAA, empresas, Estado) y que cambiar de dependencia administrativa no ataca el fondo del problema.

De igual manera, denuncian que el Estado ha mantenido un “abandono sistemático” en infraestructura, vestimenta, salarios y salud mental. “¿Por qué deben pagar el precio los funcionarios que trabajan con esmero por culpa de otros que decidieron pasar al otro lado de la reja?”, sentenciaron.

Finalmente, los trabajadores temen que este cambio de régimen jurídico termine con las asociaciones gremiales.

Piden reunirse con legisladores

En lugar de una reforma estructural que divida el servicio, las asociaciones recordaron que ellos mismos impulsaron un proyecto para que los funcionarios condenados por delitos con pena aflictiva pierdan automáticamente su jubilación por Dipreca y sus ahorros pasen a las AFP.

Aseguran que esa es una “señal potente” de tolerancia cero a la corrupción, sin desmantelar la institución.

El Frente de Trabajadores Penitenciarios hizo un llamado “enérgico” a los diputados y senadores de la región. Exigen ser recibidos por los legisladores locales antes de que el debate se inicie en las comisiones del Congreso.

“Nuestra estabilidad laboral será decidida por ustedes. Les pedimos que no hagan oídos sordos a quienes día a día cumplen la labor en los recintos penales de nuestra región“, concluye el documento firmado por la unidad de los trabajadores.