La oenegé Oxfam y el movimiento ciudadano WeMove Europe pidieron este martes a la Comisión Europea que abra un procedimiento de infracción contra Grecia, a la que acusan de violar los derechos de los solicitantes de asilo.

Las dos organizaciones estiman en un comunicado que “el gobierno griego no ha respondido a las acusaciones fundadas de violaciones de los derechos, sobre todo la persistencia de expulsiones violentas a Turquía de los solicitantes de asilo y el flagrante desprecio (del derecho) de asilo”.

El bufete de abogados holandés De Brauw Blackstone Westbroek presenta la denuncia en su nombre en la mañana del martes.

Este anuncio se produce la víspera de que la Comisión Europea presente una esperada propuesta de reforma de la política de asilo en la UE, dos semanas después del incendio en el hacinado e insalubre campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos.

“Si la Comisión Europea quiere demostrar que el nuevo pacto sobre asilo y migración está destinado a mejorar el sistema de asilo en Europa, también debe demostrar su determinación a garantizar que todos los Estados miembros respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas”, declaró Marissa Ryan, directora de la oficina europea de Oxfam.

En esta denuncia, las organizaciones consideran que la nueva ley griega sobre el asilo y la forma en la que las autoridades griegas tratan a los solicitantes de asilo “no respetan la legislación europea”.

Estiman principalmente que la aplicación de esta nueva ley impide en la práctica a muchas personas sin asistencia jurídica apelar una decisión que les deniega la solicitud de asilo.

“De lo que se trata es de la forma en la que Europa gestiona las migraciones. Y en la actualidad es apoyando prácticas que no hacen más que conducir a un sufrimiento inaudito”, denunció Giulio Carini, de WeMove Europe.

Las organizaciones, que detallan en su denuncia las presuntas infracciones, destacan que “la única forma” de responder es abriendo un “procedimiento de infracción” por parte de la Comisión.

El Ejecutivo europeo puede identificar las posibles violaciones de la legislación europea a partir de sus propias investigaciones o tras denuncias de ciudadanos o de otras partes interesadas.

De este modo la Comisión puede abrir un procedimiento de infracción formal si el país no remedia la presunta violación de la legislación de la UE y decidir, tras una serie de etapas, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.