Una lección dolorosa para una América Latina atrapada en la desidia

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela -y la captura de Nicolás Maduro- ha encendido un debate jurídico global sobre la inmunidad de los jefes de Estado y la legalidad de intervenciones sin el aval del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, más allá de la controversia, este hecho marca un punto de inflexión definitivo: la captura expone que no basta con remover a una persona para recomponer una nación. Lo que está en juego es la transición institucional y la reconstrucción de un país que ha expulsado capital, talento y esperanza durante décadas.

El escenario inmediato es incierto. Por ahora, Delcy Rodríguez encabeza una fase transitoria bajo una estricta subordinación a las condiciones de Washington, tal como ha planteado el presidente Trump. Pero la verdadera interrogante es económica: ¿podrá restablecerse un marco mínimo de Estado de derecho?

Sin reglas claras de propiedad, independencia judicial y supervisión regulatoria, no habrá inversión sostenible. La industria petrolera venezolana requiere inyecciones de capital gigantescas y plazos de retorno extensos, algo inviable en un país dominado por bandas armadas, el narcotráfico y un ejército politizado.

Por ello, la estrategia americana de exigir “orden” como paso previo a la institucionalidad no es errada. No se trata solo de convocar a elecciones en un territorio sin control. La pregunta incómoda es si este objetivo es alcanzable sin una intervención armada regional que desarticule el poder de las bandas criminales.

En términos prácticos, la transición necesita prioridades verificables:

Primero, un paquete humanitario inmediato y garantías de seguridad para la población. Segundo, un gran acuerdo de paz y el desarme efectivo de las bandas delictuales junto a la reconstrucción de las fuerzas de orden. Tercero, un cronograma de apertura democrática con liberación de presos políticos y observación electoral creíble. Cuarto, un plan de reconstrucción económica con foco en energía e infraestructura, acompañado de un levantamiento de sanciones condicionado a hitos verificables.

Hoy, con los precios actuales del crudo, la inversión en capacidad instalada no parece rentable a corto plazo, lo que añade una presión adicional al cumplimiento de estas etapas.

Para Iberoamérica, la lección es dolorosa. La región suele condenar con rapidez la intervención de Estados Unidos, pero ha sido incapaz de sostener una política consistente frente a la erosión democrática.

Defender el derecho internacional no puede significar indiferencia ante la tragedia humanitaria. El aporte de América Latina, para tener relevancia, debe ser más audaz: proponer una alianza de países que, junto a EE.UU., intervenga para desarmar a la guerrilla marxista y al narco.

Si la captura de Maduro se traduce en un nuevo ciclo de inestabilidad, el costo para la región será altísimo en términos de migración y crimen transnacional. Si, en cambio, se abre una transición con intervención internacional consensuada y reformas creíbles, Venezuela podría ser un caso de éxito.

El desafío no es solo celebrar una captura, sino construir una salida. El triunfo real será recuperar el Estado de Derecho y que América Latina aprenda que la defensa de la libertad no se delega.