La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, realizó este jueves una sorpresiva visita a la región de frontera con México, mientras en Washington el Congreso busca responder al escándalo por la separación de miles de niños de familias inmigrantes.

La esposa del presidente Trump visitó un albergue de niños administrado por la Iglesia luterana y un centro de procesamiento de inmigrantes de la guardia fronteriza en la localidad de McAllen, en el estado de Texas.

“Quiero saber como podemos ayudar a estos niños a reunirse con sus familias lo antes posible”, les dijo la primera dama a los auxiliares del albergue.

De acuerdo con informaciones de la oficina de la primera dama, el albergue reúne actualmente unos 60 niños con edades que van de los 5 a los 17 años, provenientes de Honduras y El Salvador.

En tanto, en Washington la espectacular controversia por las informaciones sobre más de 2.300 niños y menores de edad separados de sus familias multiplicó la presión sobre los legisladores para definir una salida legal a la situación.

La secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, dijo este jueves que “el Congreso tiene la autoridad y la responsabilidad de hacer las leyes y arreglar nuestro sistema migratorio. El Congreso tiene que actuar”.

El escenario sumó el miércoles un nuevo elemento, ya que el presidente, Donald Trump, firmó un decreto que pone fin a la separación de familias en la frontera, después de una semana de insistir en que la única respuesta posible estaba en manos del Congreso.

Aparentemente superado el conflictivo tema de la separación de familias, las diferencias entre las posiciones defendidas por republicanos y demócratas volvieron a tornarse evidentes.

Los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso, pero en el Senado poseen una mayoría de apenas dos votos, y por lo tanto precisan del apoyo de varios legisladores demócratas para que cualquier ley migratoria sea aprobada.

Texto consensuado

El miércoles el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, había dicho a la prensa que era necesario “aplicar leyes sobre inmigración sin romper las familias”.

Uno de los proyectos en disputa define una orientación de “mano dura” en la frontera.

El otro proyecto es llamado “de compromiso”, ya que incluye concesiones de los dos partidos para tratar de avanzar en una legislación pasible de ser aprobada, y que aparentemente tendría el apoyo de Trump.

Este proyecto también refuerza considerablemente la seguridad en la zona de frontera, una exigencia de los legisladores más conservadores, pero incluye provisiones que resultan aceptables para los demócratas.

Entre esas iniciativas este proyecto determina la prohibición de la separación de familias inmigrantes y también formula una solución definitiva a jóvenes que llegaron al país siendo niños y que regularizaron su situación durante el gobierno de Barack Obama, conocidos como “dreamers”.

Estos inmigrantes legalizados (que se estima suman alrededor de 700.000 en todo el país) habían quedado en un limbo legal después que el presidente Trump decidiera no renovar sus permisos de residencia.

La iniciativa hasta incluye un mecanismo para destinar recursos a la construcción de un muro en la frontera con México y pone punto final a la migración de familiares de residentes.

Dos tribunales federales, sin embargo, forzaron al gobierno a continuar renovando los documentos de esas personas, y el proyecto en disputa en el Congreso busca hallar una solución permanente para ellas.

Trump siembra la duda

Y sin embargo, en la mañana del jueves aún no era claro el nivel de apoyo de los republicanos al proyecto más moderado, a raíz de contradictorios mensajes publicados por Trump en la red Twitter.

“¿Cuál es el propósito de que la Cámara de Representantes apruebe una buena ley si necesitamos 9 votos de demócratas en el Senado, y los demócratas solo están interesados en obstaculizar?”, expresó el mandatario.

De acuerdo con números oficiales, entre marzo y mayo de este año unas 50.000 personas fueron arrestadas mensualmente por ingresar clandestinamente el país.

Por fuerza de la nueva política de “tolerancia cero” el gobierno se propone procesar a todos los adultos que ingresen ilegalmente al país, y ese procedimiento exige la separación de los niños y menores de edad.

Entre el 5 de mayo y el 9 de junio se habían separado a 2.342 niños por esa causa. Esos niños son mantenidos en albergues divididos por cercas metálicas que se parecen a jaulas.

Además, un alto porcentaje de familias de inmigrantes pide asilo por temor a la violencia en su país de origen, creando así un rompecabezas legal que la Casa Blanca espera sea resuelto por el Congreso.