En abril, el Gobierno venezolano inició mesas de diálogo social para revisar los avances en el cumplimiento de varios convenios, lo que incluye mejoras para el salario mínimo.

Luego de un extenso periodos sin protestas masivas, trabajadores del sector público se han manifestado en las calles de Venezuela debido a los miserables dólares que reciben como sueldo mínimo.

Trabajadores vinculados a diferentes sectores de la administración pública se manifiestan desde hace varias semanas en las principales ciudades del país.

Lo anterior, en masivas protestas que incluyen con pancartas en las que se lee “no más salarios de hambre” y “no a pensiones de muerte”.

El sueldo mínimo en el sector público de Venezuela, el mayor empleador del país, está fijado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales (unos US$6).

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Según lo detalló la BBC, se trata de un monto que se ha depreciado rápidamente.

Esto, debido a la creciente inflación que según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 305,7% el año pasado.

Reclamos y protestas por el sueldo mínimo en Venezuela

Es debido a esto que la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denunció que el Gobierno ha incumplido con más del 90% de las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019.

La CTV recordó que en 2019 una comisión de esta organización visitó Venezuela y formuló varias recomendaciones de las que “no se ha cumplido ni el 10%”.

Entre las sugerencias planteadas están el cumplimiento de los convenios para la fijación del salario mínimo, libertad sindical y protección del derecho de asociación.

“La reunión de diálogo social es la tercera que ocurre desde marzo de 2022. Los resultados de las dos previas son insuficientes, pues en ninguno de los temas se avanzado”, afirmó la CTV.

Además, reiteró sus exigencias de la recuperación del salario mínimo, cuyo monto actualmente es de unos 6 dólares al mes.

Se suma el “cese de la represión” contra los trabajadores, el cierre de procesos penales abiertos a dirigentes sindicales y la derogación de leyes que obstaculizan la libertad sindical.