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Sr. Director:
Para la pesca artesanal, los recientes nombramientos de Daniel Mas en Economía, Fernando Barros en Defensa y Jorge Quiroz en Hacienda no son una señal neutra ni técnica. Son, derechamente, un balde de agua fría. No por prejuicio ideológico, sino por historia, trayectorias y vínculos que pesan. Y que en este sector pesan demasiado.
Daniel Mas llega al Ministerio de Economía tras una extensa carrera ligada al gran empresariado. Como presidente de la CPC defendió, de manera coherente con su rol, los intereses de las grandes compañías del país. Entre ellas, Colorado Chile SpA, partner comercial de Orizon, empresa perteneciente al grupo Antarchile, matriz de Corpesca.
No se trata de una empresa más. Corpesca fue la primera compañía condenada por corrupción en Chile, precisamente por su intervención ilegal en la tramitación de la actual Ley de Pesca, conocida como “Ley Longueira”. Una ley que consolidó la concentración del mar en manos de las llamadas “siete familias”, hoy reducidas a cuatro grandes grupos industriales, y que dejó a la pesca artesanal en una posición estructuralmente subordinada.
El problema no es que Mas haya defendido intereses privados. El problema es que hoy pasa a encabezar la cartera que regula y define el rumbo de la economía, incluyendo el futuro de la política pesquera. Su nombramiento envía una señal clara: en el corazón del gobierno habrá un puente directo entre el poder político y las grandes pesqueras industriales. Un puente que la pesca artesanal conoce bien, porque lo ha cruzado siempre en desventaja.
Fernando Barros, quien asumirá Defensa, tampoco es una figura ajena a esta historia. Su nombre aparece vinculado a uno de los casos más emblemáticos de corrupción política asociada a la industria pesquera. Barros transfirió más de 150 millones de pesos al exsenador Jaime Orpis, recursos recolectados entre grandes empresarios cuando Orpis enfrentaba una compleja situación judicial.
En su momento, la propia prensa consignó que el objetivo era pagar parte de las deudas del exparlamentario y evitar así la prisión preventiva. Orpis, vale recordarlo, fue condenado a seis años y medio de cárcel por delitos de corrupción (cohecho y fraude al fisco), en un caso donde la relación con Corpesca fue central. No se trata de una asociación circunstancial, sino de un episodio que simboliza la captura de la política por intereses económicos específicos.
A esto se suma Jorge Quiroz, confirmado desde hace semanas en Hacienda. Su vínculo con Sonapesca, el gremio de la gran pesca industrial, no es anecdótico. Durante la tramitación de la actual Ley de Pesca, Quiroz fue contratado para elaborar un informe destinado a defender las licencias industriales entregadas a perpetuidad, asignadas a dedo, sin licitación ni competencia real.
Ese informe fue parte del andamiaje técnico que justificó un modelo hoy ampliamente cuestionado, incluso por organismos internacionales, y que ha demostrado ser social, ambiental y éticamente insostenible.
Cuando se observan estos tres nombramientos en conjunto, el mensaje es difícil de ignorar. Economía, Defensa y Hacienda, carteras estratégicas para cualquier intento de reforma profunda al sistema pesquero, quedan en manos de personas con vínculos directos y comprobables con la industria que más se ha beneficiado del actual marco legal. Para la pesca artesanal, que representa miles de familias a lo largo del país, que cuida el territorio, que vive del mar sin depredarlo, esto no es una discusión teórica. Es una amenaza concreta.
No hablamos de sospechas ni de caricaturas. Hablamos de hechos, de trayectorias públicas, de sentencias judiciales y de decisiones políticas que han marcado a una generación completa de pescadores artesanales. Por eso este no es solo un balde de agua fría. Es la confirmación de que, una vez más, el mar corre el riesgo de seguir siendo gobernado desde las oficinas de las grandes empresas y no desde las caletas.
La pesca artesanal no pide privilegios. Pide reglas justas, transparencia y autoridades sin conflictos de interés evidentes. Hoy, lamentablemente, logros como la ley de nuevo fraccionamiento y la introducción de la plataforma social en la nueva ley de pesca, corren peligro porque esas reglas no están a la vista.
Hernán Cortés
Vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal.
Presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.
