No se trata de un manual para dar la razón a la oposición, sino, de un pequeño repaso por un desafortunado calendario político de Venezuela, con acontecimientos que generaron impacto en la institucionalidad democrática, hasta llegar a unas cuestionadas elecciones presidenciales en 2018.
Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, a la medida
El 6 de diciembre de 2015, la oposición obtenía un contundente triunfo y control de la asamblea venezolana. 109 escaños, de 169 que conformaba la AN.
Eso volvía irritante la labor del oficialismo para seguir gobernando bajo sus términos. 17 días después (23 de diciembre) venía un golpe bajo a esa victoria, ya que la asamblea chavista saliente, destituyó a 13 magistrados jueces y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia.
Nombraron a una nueva camada de juristas leales, y ya instalados en el TSJ, declararon ilegal la elección de 3 diputados opositores del Amazona. Aún así estos asumieron, pero cada decisión era impugnada por los nuevos jueces, entrando en un tira y encoge institucional durante 2016. Algunos de los destituidos jueces tuvieron que huir del país porque corrían riesgo de ir a prisión.
“Desacato” y usurpación de funciones a la AN
El TSJ entraba de nuevo en acción. El máximo tribunal de justicia (chavista) emitió una resolución en marzo de 2017, en la que tomaba el control de la Asamblea Nacional, haciéndose cargo de las funciones de este órgano de Estado al que consideraba en desacato y olvidando la votación que colocó a la oposición a la cabeza del mismo. Esta quedaba relegada de sus funciones en teoría porque para el oficialismo cada decreto que elaboraba, carecía de validez.
Para ese entonces, ya eran dos los órganos de estado que eran sacados de juego por el gobierno venezolano. El TSJ destituido seguía operando, como ahora, pero desde el exilio. La AN se volvía parte del concierto de menoscabo a la institucionalidad democrática en cualquier país.
Fue una etapa dolorosa para los venezolanos. La estrategia del gobierno de Nicolás Maduro, volcó a los venezolanos a protestar a las calles y aunque los poderes fueron devueltos a la AN, tras la disolución de dos polémicas sentencias, ya era tarde. Fue un derramamiento de sangre que durante más de un trimestre (1 de abril hasta julio 2017) dejó más de un centenar de muertos y un incontable número de presos políticos quienes pagaron con cárcel lo que otros con su vida.
Una solución “salomónica” al caos en las calles
El 28 de agosto de 2017 se vivía aún una tensa calma en territorio venezolano. Las familias de los muertos en las protestas aún se adaptaban a su nueva realidad- o vacío- sin su ser querido ya presente, pero Nicolás Maduro planteaba una solución… para su ya cuestionado internacionalmente régimen bolivariano. Convocaba esa noche a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. Se trataba, más que una salida al conflicto, de un saco a la medida de sus políticas.
La convocatoria cayó como estruendo a los opositores y detractores de Maduro, pero fue música para los oídos de una base dura volcada a apoyarle, enamorada aún del recuerdo de Hugo Chávez, que le transfería automáticamente ese amor incondicional a su sucesor.
La ANC tenía como melodía de encantamiento el llamado a la “sociedad civil” para ser parte de los legisladores de este nuevo parlamento. Trabajadores, campesinos, líderes comunales, venezolanos ajustados a la causa chavista, en fin, no había supuestamente una discriminación a enrolarse en esta nueva oportunidad de legislar.
Poco a poco fueron surgiendo la participación de cuestionadas candidaturas, ya que a simple vista no tenían idea de la constitución de su país y menos de una carrera política que les permitiera llegar con los conocimientos básicos. Qué decir del nivel de escolaridad. Únicamente el deseo de continuar el legado.
Solo el 40% del padrón concurrió a las urnas. La oposición dejaba claro que no participaría del proceso que calificaron de ilegítimo. Lo anterior no evitó que surgiera la nueva Asamblea Nacional Constituyente, (26 de octubre de 2017) presidida por otra figura, ahora sí muy política, cuestionada incluso fuera de Venezuela, la ex Canciller, Delcy Rodríguez, quien actualmente funge como vicepresidenta del país.
Con lo anterior, había dos Tribunales de justicia (TSJ) y dos Asambleas Nacionales funcionando en una Venezuela, no solo en crisis institucional, sino, con el hambre y la inflación impactando más en sus habitantes. Un binomio perfecto para mantener distraída del ajedrez político a la sociedad civil.
Un 2018 sin obstáculos para la reelección de Maduro
Con los principales opositores de Maduro, entre estos Henrique Capriles, inhabilitado para postularse a cargos públicos durante 15 años, Maduro comenzaba a mover sus piezas, sin jugadores diestros o una oposición con visos de unidad.
Aún así, sabía que tenía que apurar sus tiempos con un mandato venciendo en enero. Las semanas transcurrían y los conatos de protesta lo orillaron a cambiar los plazos tras una primera fecha difundida: el 22 de abril. Sin embargo, la fecha definitiva para correr de nuevo por la presidencia fue el 20 de mayo.
No habían opositores de peso. Los partidos tradicionales sabían que el Consejo Nacional Electoral (CNE) era el ente rector electoral más aliado al chavismo que ningún otro, comandado por Tibisay Lucena.
Lucena, encabezó la orden de dejar sin personería a los institutos políticos que no participaron de los comicios para elegir a una Asamblea Nacional Constituyente. Los partidos que ganaron por votación legítima los escaños en la disuelta Asamblea Nacional, no pudieron reunir los requisitos para enfrentar a Maduro en las urnas y por ende, los nuevos liderazgos opositores estaban “en pañales” para hacerlo.
Ese 20 de mayo de 2018, Maduro consiguió la “reelección”, luego que 6,5 millones votaran, de un padrón de más 20 millones de venezolanos, en un proceso que no tuvo verificación de los tradicionales centros internacionales de observación electoral, en una elección donde los venezolanos afines a Maduro votaron con un “Carnet de la Patria”, con el que podían recoger “un premio” luego de participar del evento.
Maduro se aseguró su continuidad en el poder, pero un año después, un año exacto, enero de 2019 marcó el inicio de un proceso que se ha vuelto un desafío no solo para su régimen, sino para los venezolanos y la comunidad internacional presionando por nuevas elecciones y reconociendo a Juan Guaidó como nuevo presidente interino, representando a esa Asamblea Nacional que aparentemente había quedado relegada, pero hoy se escuda en las fechas que no apelan a una memoria corta, sino, a movimientos que pueden volverse en contra del oficialismo.
