“Esto no es un amarre, en ningún caso”, sentenció el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respecto a la polémica que surgió por la denominada “norma de amarre”, incluida en el proyecto de reajuste al sector público.
Se trata de una medida que establece la exigencia de un “acto administrativo fundado” para la desvinculación de funcionarios públicos de carrera, por lo que se ha cuestionado que podría comprometer la labor del próximo gobierno de José Antonio Kast en cuanto al ajuste y recorte del aparataje estatal.
Gobierno defiende norma propuesta para despidos de funcionarios públicos
Ahora bien, en el punto de prensa posterior al Consejo de Gabinete en La Moneda, diversas autoridades de gobierno respondieron preguntas de la prensa, donde explicaron de qué se trata la medida.
Primero, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo una diferencia entre los cargos de exclusiva confianza en el Estado y los funcionarios de carrera: los primeros dejarán el Gobierno en el cambio de mando, al contrario de los segundos, sobre quienes está enfocada la medida presentada en el proyecto de ley.
A su vez, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, añadió que “la gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado, vienen desde distintas administraciones, no necesariamente comparten la visión política con el Gobierno de turno”.
“Esas personas que tienen una carrera funcionaria, son justamente las que (…) en la eventualidad de que sean desvinculadas, lo que tiene que ocurrir es que ese acto de desvinculación debe ser fundado, y esas personas tendrán el derecho de reclamar aquello en Contraloría. Esto no es un amarre, en ningún caso”, sentenció Grau.
La norma propuesta en el reajuste del sector público también agrega que aquellos funcionarios con al menos dos años de servicios continuos “podrán reclamar por vicios de legalidad (errores-incumplimientos) por no renovación o renovación en condiciones distintas”.
Y en caso de que se dé dicho escenario, la Contraloría sólo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos.
En defensa de la medida, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, ha señalado que con ello se busca un mecanismo de defensa y que los funcionarios puedan ser evaluados por su desempeño. Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), su presidente José Perez también defendió la medida propuesta.
Por su parte, el presidente electo, José Antonio Kast, comentó al respecto que “ahora tenemos un solo amarre, que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”.
Enviando corrección, espere un momento...
