Megatoma de San Antonio: pobladores se querellan por estafa contra ministro Montes y otras autoridades

Una querella por estafa fue presentada en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, así como también contra la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira, y del delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, en el marco del desalojo y la demolición de parte de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio.

Se trata de una acción judicial interpuesta en diciembre por parte del Movimiento Pobladores Organizados, en donde dan cuenta de una supuesta estafa por parte de las autoridades de Gobierno por impulsar un acuerdo y plan habitacional injustificado y unilateral, como también en calidad de cómplice de la Federación de Cooperativas.

Lo anterior, según la denuncia, luego de haber negociado en innumerables ocasiones que el acuerdo con el Estado era tener un espacio digno para un proyecto habitacional en un 100% de los terrenos de la megatoma.

Sin embargo, el proyecto presentado por el Gobierno del presidente Gabriel Boric en diciembre, ejecutado ya a partir del 12 de enero, es solamente de 100 hectáreas.

De esta manera, la organización decidió presentar a fines de 2025 la querella, la cual se mantiene entonces ingresada en el Juzgado de Garantía de San Antonio.

Tras querella contra ministro Montes: vocero de Pobladores dice que “dirigentes estaban amenazadas”

Para Gustavo Sepúlveda, vocero del movimiento, este proceso de acuerdo y plan habitacional ha sido unilateral y fraudulento por parte del ejecutivo.

“El ánimo de esto es justamente evidencia que, todo este proceso, desde que al poco andar del protocolo de acuerdo hasta lo que fue el acto expropiatorio en diciembre de 2025, fue fraudulento, ilegítimo. Las dirigentas estaban amenazadas“, acusó.

La querella acusa que todo el proceso, desde el protocolo de acuerdo inicial hasta el acto expropiatorio del 3 de diciembre de 2025, estaría viciado por irregularidades, presiones a dirigentes sociales y ausencia de fundamentos reales de interés público, nacional o social que justifiquen la expropiación.

Piden a Fiscalía indagar el caso

En ese marco, el escrito solicita que el Ministerio Público investigue los hechos, cite a declarar a las autoridades involucradas y oficie antecedentes sobre la legalidad de las cooperativas y del acto expropiatorio.

Adicionalmente, se solicitó una medida cautelar para suspender los desalojos, argumentando que la sentencia judicial se estaría cumpliendo de manera parcial y no conforme a derecho.

De esta forma, será el Juzgado de Garantía de San Antonio la instancia que resuelva estas acciones judiciales presentadas por el Movimiento de Pobladores Organizados, mientras el proceso continúa en el sector Los Pinos- Don José.