Luego del inusual hurto que quedó al descubierto en la gobernación de Osorno, donde desconocidos sustrajeron 7 cuadros con fotografías de gobernadores entre los años 1970 a 1990, quedó la discusión de si es valido mantener o no en lugares públicos, incluso en espacios del estado, figuras ligadas a la dictadura militar.
Esto porque grupos de derechos humanos han criticado fuertemente que aún se mantengan registros en lugares públicos de figuras ligadas a una época de la historia donde se institucionalizó las violaciones a estos derechos.
En este sentido, Nelly Cárcamo, presidenta nacional de la agrupación de ex presos políticos de Chile, se refirió al tema asegurando que mientras se mantienen fotos y monumentos a personas que formaron parte de la dictadura y mas aún, personas que han sido condenadas por delitos, no existe justicia para las víctimas.
Cárcamo precisó que si bien la dictadura finalizó en 1990, las nuevas autoridades, es decir la Concertación, hizo oídos sordos a las peticiones de cambiar la institucionalidad que dejó Pinochet.
La dirigente aseguró que no es posible permitir que personeros ligados a un régimen que organizó la represión contra sus propios compatriotas sean homenajeados o se pretenda blanquearlos, insistiendo en las condenas que los máximos jerarcas de la dictadura mantienen vigentes.
