El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró este jueves que el gobierno corregirá la ley de desahucios, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que decretó que esa legislación vulnera la normativa europea.

“Lo que asumimos ya es el compromiso de que todos aquellos aspectos que el Tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos”, dijo Ruiz Gallardón a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados.

“La doctrina del Tribunal se incorporará a la legislación española”, insistió el ministro.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sentenció este jueves que la legislación sobre desahucios española vulnera la normativa europea sobre los derechos de los consumidores.

La normativa española “es contraria al Derecho de la Unión”, dijo en un comunicado.

“La legislación española en causa es contraria a la normativa europea, dado que impide al juez competente declarar abusiva una cláusula o adoptar medidas preventivas para suspender el procedimiento de ejecución”, indicó el Tribunal.

El fallo de la Corte de Luxemburgo ratifica de esta manera el dictamen de noviembre de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott.

En la legislación actual española, la existencia de eventuales cláusulas abusivas en un contrato de préstamo hipotecario no figura entre las causas por las que un deudor puede oponerse a la ejecución de un hipoteca.

Este deudor tendría que ir a otro proceso para decidir si la cláusula es abusiva, pero mientras se decide si la cláusula en cuestión es correcta o no, no se paraliza el proceso de ejecución de la hipoteca por lo que puede perder su casa.

“A partir de hoy, cualquier juez, incluso de oficio, que detectara cláusulas abusivas podría decidir no ejecutar la sentencia, no lanzar, no desahuciar al consumidor hasta que no se dé un juicio tranquilo, mesurado sobre las cláusulas de los contratos”, dijo a la radio Cadena Ser el juez de lo mercantil de Barcelona José María Fernández Seijo, quien había recurrido a la justicia europea.

Fernández había preguntado a la justicia europea en el caso de un desahucio de un vecino de la localidad de Martorell (Cataluña, noreste).