En el marco de los hechos de violencia que se han registrado luego de manifestaciones absolutamente legítimas y pacíficas, el diputado UDI, Enrique van Rysselberghe, ingresó hoy a la Cámara, un proyecto de ley que tiene como finalidad evitar la violencia que empaña las manifestaciones, elevando las sanciones, otorgando más facultades a las policías y tribunales; castigando a quienes cometan estos actos violentistas.
“La destrucción no hace más que ensuciar el propósito final de las manifestaciones y el derecho de la población a expresarse, ocasionando daños millonarios a la propiedad y atentando hacia la integridad y salud de las personas”, dijo Van Rysselberghe.
“Lamentablemente –agregó- ante estos hechos hay una profunda sensación de impunidad”.
Por este motivo, el diputado gremialista elaboró una iniciativa que tiene por objetivo controlar y, en lo posible, evitar que los violentistas o infiltrados empañen el legítimo derecho de la ciudadanía a expresarse.
En esa línea, van Rysselberghe puntualizó que “en vez de sancionar a los organizadores de las manifestaciones, el Estado debe focalizar su trabajo en proteger a las personas de aquellos grupos que aprovechan estos eventos para ejercer la violencia. Para ello hay que hacer efectivas las responsabilidades legales que correspondan a los que realizan la violencia”.
“No sólo hay que sancionar a quienes rayan, destruyen, saquean o roban, sino también a aquellos que organizadamente planifican y ejecutan estas acciones, pues encontramos las mismas consignas, los mismos rayados, las mismas maneras de actuar a lo largo del país”, afirmó.
Bajo esta consigna, el legislador aseveró que “al igual que la ley que controló la violencia de las barras bravas en Inglaterra, aquí hay que ir por el equivalente de las barras bravas y no sobre los clubes de fútbol que organizan los eventos. Por lo que hay que generar una ley especial que permita actuar sobre las personas y los grupos organizados que aprovechan las manifestaciones para generar violencia”.
El proyecto determina una serie de medidas destinadas al control y prevención de la violencia en manifestaciones públicas, elevando las penas a los delitos cometidos durante estos eventos; estableciendo la prohibición de participar en marchas o manifestaciones para quienes cometan estos delitos; castigando la reincidencia a través de la supresión de cualquier beneficio económico con fondos provenientes del Estado que recibiera la persona, como becas y subsidios habitacionales; y consagrando la obligatoriedad para los sancionados por esta ley, que hayan recibido algún beneficio para el cumplimiento de su sentencia, de presentarse a una unidad policial cuando lo disponga la autoridad, caso contrario, se revocará cualquier beneficio.
Asimismo, se faculta a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para poder ingresar a cualquier recinto privado de libre acceso a fin de detener a los autores de estos delitos.
“Debemos agotar todos los medios para saber quiénes son los infiltrados de siempre que se aprovechan de las manifestaciones pacíficas para provocar destrucción, temor y daños millonarios. Es deber de nuestra sociedad determinar quiénes son, por que actúan así y qué objetivos persiguen, sólo de esa forma podremos controlar los brotes de violencia que cada vez son más descontrolados”, concluyó Enrique van Rysselberghe.
