Documentos exclusivos a los cuales tuvo acceso La Radio, dan cuenta de la cruda realidad en que se encuentran los recintos penitenciarios de las zonas afectadas por el terremoto, lo cual pone en riesgo incluso la seguridad pública.
Gendarmería
Se trata de los informes emanados por Gendarmería que datan del 11 de marzo de este año, firmados por el ex director del Servicio, Alejandro Jiménez, en respuesta a la solicitud de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, tras requerir información acerca de la situación de los recintos y reclusos tras el terremoto del 27 de febrero.
En estos se establece que en total fueron 413 los reos fugados, de los cuales el 75% fue recapturado y 12 resultaron fallecidos, 8 de ellos por impactos de bala al intentar escapar y 4 muertos por derrumbes.
Además, se confirma que el costo de reparación de los penales afectados está casi en los 24 mil millones de pesos, en donde se consideran veinte recintos que resultaron gravemente dañados y diez que están totalmente inhabilitados, cuya población debió ser trasladada a otros penales.
Costos por región:
Región de Valparaíso: $1.243.500.000
Región Metropolitana: $4.645.000.000
Región de O’Higgins: $60.000.000
Región del Maule: $5.735.000.000
Región del Bío-Bío: $11.915.000.000
Total: $23.598.500.000
Ante el hecho de que más de 2 mil reos deban ser reinstalados en otras cárceles de las zonas Metropolitana, Maule y Bío-Bío, el dirigente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, mayor José Maldonado, señaló que esto es un factor de alto riesgo público considerando el grave hacinamiento que agudiza la crisis penitenciaria.
El caso de hacinamiento más grave en Sudamérica es precisamente el de la Penitenciaría de Santiago, con 7 mil internos de 2 mil que debiera recibir el penal.
El senador Alejandro Navarro, impulsor de varias iniciativas para la mejora del sistema penitenciario, manifestó que la autoridad debiera tomar cartas en el asunto y señaló que el próximo director debe ser un funcionario de carrera.
La preocupación, aparte de las condiciones de los recintos y el exceso de población, apunta a la falta de renovación e inclusión de personal de Gendarmería que se encuentra estipulado en la Ley de Ampliación de Plantas y Modernización de la institución, lo que implica un aumento de seis mil funcionarios y que aun no se ejecuta.
