El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aprobó el decreto que fija las metas de recolección y valorización de envases y embalajes, uno de los productos prioritarios establecidos en la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obliga a las empresas a hacerse cargo de los residuos que generan.
Según informan desde el Ministerio de Medio Ambiente, la aplicación de este instrumento permitirá un fuerte crecimiento de las tasas de reciclaje en Chile, al establecer metas ambiciosas que deberán cumplir las empresas, y crear un sistema definitivo de recolección puerta a puerta de los envases reciclables. Además, se espera que impulse la formalización de los recicladores de base, imponiendo una obligación de incorporación de estos trabajadores.
Con la aprobación de este decreto, sostuvo la ministra Schmidt, “damos un nuevo paso en la transformación del país hacia una economía circular, que permitirá aumentar en cinco veces la tasa de reciclaje de los envases y embalajes”.
Las metas permitirán al país pasar del actual 12,5% de reciclaje de envases y embalajes domiciliarios a un 60% de estos elementos en el mediano plazo, una cifra que se compararía con la de países desarrollados.
El decreto establece metas específicas para cada material: Cartón para líquidos (60%), metal (55%), papel y cartón (70%), plásticos (45%) y vidrio (65%). Para los residuos industriales, la obligación permitirá alcanzar una tasa de reciclaje del 70%. Estas imposiciones deberán ser cumplidas por las empresas a través de un nuevo organismo que las agrupará, denominado “sistema de gestión”.
Más infraestructura y recolección puerta a puerta
Para alcanzar estas exigentes metas, el decreto establece un esquema definitivo de recolección domiciliaria de los residuos reciclables (es decir, puerta a puerta) por lo que, con el tiempo, ya no será necesario ir a un punto limpio a dejar estos elementos.
“Nos hemos impuesto metas de recolección y valorización de envases y embalajes muy ambiciosas que nos permitirán acercarnos a las tasas de reciclaje de los países europeos”, destacó la ministra Schmidt.
En un comienzo, el 10% de las viviendas del país tendrán el retiro en su hogar de productos reciclables, sin embargo, está planificado un avance gradual hasta alcanzar a una cobertura del 80% de los hogares de Chile. Es decir, que 4 de cada 5 hogares del país tengan recolección en su puerta de los envases reciclables.
Este decreto, además, exigirá que los municipios dicten ordenanzas que obliguen a entregar los residuos de envases reciclables separados del resto de sus residuos cuando ya cuenten con recolección puerta a puerta.
En el corto plazo, se establece la obligación de instalar puntos limpios o centros de acopio que garanticen el acceso a estas instalaciones en el 75% de las comunas de Chile. De esta manera, en cuatro años se instalarán 350 nuevos puntos limpios, los que serán operados por el sistema de gestión, con altos estándares de calidad.
Formalización de recicladores
El sistema de gestión, que operará estas 350 nuevas instalaciones de recepción y almacenamiento, deberá incorporar a los recicladores de base en al menos el 50% de ellos.
Además, en sus planes, los sistemas de gestión deberán incluir un programa de capacitación para los recicladores con los que trabajen. También, se obliga a que se les pague por realizar la recolección al precio de mercado.
Menos residuos a rellenos sanitarios
En Chile, el 2018 se produjeron 1,25 millones de residuos de envases y embalajes a nivel domiciliario, pero se recicló el 12,5%, lo que no alcanza a ser el equivalente a una Torre Costanera. Sin embargo, cuando estén en régimen las metas más exigentes, se reciclará el equivalente a 6 Torres Costanera, estiman desde el MMA.
Producto de la implementación de esta regulación, se estima que para el periodo 2022-2033 se recolectarán 7,7 millones de toneladas de residuos de envases y embalajes, es decir, que podrán ser valorizados, evitando que sean depositados en un relleno sanitario o basural.
Según el análisis general del impacto económico y social de esta medida, se producirán ahorros por reemplazo de insumos, reducción de emisiones y ahorros en gestión municipal. De esa manera, los beneficios netos estimados totalizarían unos US$442 millones.
Para dar tiempo a las empresas para establecer los sistemas de gestión -entes responsables de cumplir las disposiciones establecidas-, las metas comenzarán a regir de forma paulatina. Para quienes no cumplan, se establecen multas de hasta 10.000 UTA, cercano a US$7 millones.
