La Municipalidad de Santiago, con apoyo de Carabineros, realiza esta mañana el cierre del Galpón Placer 880 en el barrio Franklin, luego de denuncias por delitos y por infracciones a la ley.
Se trata de una construcción que alberga cerca de 790 locales, los que fueron clausurados por el municipio.
El galpón funcionó por más de 10 años infringiendo la Ley General de Urbanismo por no tener permiso de obra ni patente comercial. Al interior se detectaron instalaciones eléctricas fuera de norma, pasillos estrechos, salidas de emergencia obstruidas, falta de accesos y condiciones que podían ser un riesgo para trabajadores y visitantes.
Además, existen múltiples denuncias por hechos delictivos e incivilidades vinculadas a este lugar, como por ejemplo un homicidio, balaceras y la venta de elementos robados.
Fue en mayo de 2022 cuando se registraron disparos al exterior del persa, los que provocaron el asesinato de un hombre de nacionalidad colombiana.
Otra balacera se produjo en julio de este año, con el saldo de tres personas lesionadas.
Cooperativa dueña del galpón rechaza la clausura
La Cooperativa Plazas Techadas Persa Bío Bío, dueña del galpón, emitió un comunicado donde expresan “nuestro más enérgico rechazo a esta acción”. A su juicio, los problemas de construcción persisten “desde la misma creación de este persa”.
Además, insistieron en que hay otros problemas que pueden ser mejorados “sin la necesidad de clausura de este espacio de trabajo, que acoge a más de 700 locales, cientos de familias y trabajadores”.
Para ello, anunciaron la contratación de un arquitecto y un revisor independiente para certificar la regularización del galpón, como también adelantaron que buscarán levantar un muro cortafuego hacia el persa contiguo.
“Nos hemos comprometido a subsanar la totalidad de las observaciones y los problemas que han sido el foco de las fiscalizaciones, incluyendo la corrección de los Planos de Accesibilidad Universal, el Uso de Suelo y la Carga de Ocupación”, añadieron.
Finalmente, insistieron en que “la medida de clausura es excesiva para el problema presentado, sobre todo, ya que se trata de dejar sin trabajo a un número importante de personas (700 locatarios aprox.), más las personas que directa o indirectamente trabajan en este persa que superan los 1.000 puestos de trabajo”.
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