Hemos conocido los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al año 2025 aplicado a 182 naciones. Según este informe, el más reconocido a nivel global sobre la materia, Chile mantiene su puntaje (63) en una escala del 1 al 100, donde 100 representaría plena integridad y transparencia.
El IPC constituye un índice compuesto que se elabora a partir de opiniones especializadas, encuestas dirigidas a expertos y análisis realizados por organismos internacionales. Como la corrupción aspira a ser un fenómeno oculto e impune, no existe una métrica objetiva e indiscutible para medirla. Nos basamos en percepciones para intentar extraer e interpretar la realidad subyacente.
El resultado del 2025 nos ubica en el cuarto lugar de las Américas, luego de Canadá (75), Uruguay (73), y Estados Unidos (64). En 1995, Chile llegó a los 79 puntos, liderando a los países de habla hispana y superando el promedio OCDE.
La evolución del IPC para Chile muestra un preocupante deterioro en el último tiempo. Aunque no siempre las percepciones reflejan la realidad, lo cierto es que finalmente terminan por construirla en el ánimo social y político.
La confianza en las instituciones, base de la adhesión social a la democracia representativa, depende de que las personas reconozcan en sus representantes a servidores probos y honestos. De lo contrario, emergerán de manera engañosa y oportunista, pero atractiva para muchos, ofertas populistas y autoritarias dispuestas a destruir las bases de la democracia a cambio de atajos y respuestas fáciles a los complejos problemas de las sociedades modernas.
En esto no caben confusiones ni titubeos: solo se puede combatir la corrupción con eficacia en la democracia y desde su fortalecimiento. Un efectivo control social sobre el poder público demanda prensa libre, separación de poderes, rendición de cuentas, transparencia y participación social. Nada de esto sobrevive a los experimentos autoritarios que, preocupantemente, parecen ganar terreno en el planeta.
Una de las características virtuosas de Chile en el pasado ha sido su capacidad de reacción y enmienda bajo una inspiración transversal. Ello nos ha permitido, con lógica de Estado, corregir las vulnerabilidades que los casos de corrupción detectados ponían de manifiesto.
Son muchas las reformas adoptadas en ese marco: alta dirección pública, financiamiento de campañas y partidos, sistema de compras públicas, reforma procesal penal, nuevas y mayores sanciones penales para los corruptos, ley de transparencia, y una serie de normas de derecho administrativo orientadas a prevenir conflictos de intereses y resguardar los recursos públicos. La lista es larga y relevante. La institucionalidad política, justo es reconocerlo, ha sido razonablemente efectiva en su reacción. Con todo, el trabajo parece incompleto e insuficiente.
En meses recientes, hemos conocido casos que ponen en duda la integridad de ministros de Corte y fiscales. No bastan normas justas, si ellas no son aplicadas con independencia, objetividad y probidad. Nada más corrosivo que la percepción de corrupción en quienes deben aplicar justicia. En esto Chile se juega la existencia y credibilidad de su estado de derecho.
Abordar con urgencia y con altura de miras el reforzamiento ético de la función judicial no puede confundirse con amenazar su autonomía, pues esta es una garantía para la ciudadanía orientada a garantizar la mejor aplicación de justicia que jamás puede servir de excusa para sustraerse de la rendición de cuentas o atrincherarse en defensas corporativas. La gran mayoría de jueces probos y comprometidos necesitan que el sistema detecte proactivamente y sancione a quienes no lo sean. Es peligroso subestimar el daño al prestigio del Poder Judicial que han significado los casos de reciente conocimiento.
Se requieren respuestas profundas y responsables que encuentren un correcto balance entre dos objetivos esenciales: preservar la autonomía del Poder Judicial respecto del poder político y garantizar la probidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Una agenda de cambio en la materia debiese considerar, al menos, la revisión del sistema de nombramientos de los ministros de Corte, poner fin al monopolio mal regulado e ineficiente (pero muy rentable) de los conservadores, (¿qué opina el TDLC al respecto?); monitorear de cerca el cumplimiento de la reforma al sistema de notarios y revisar el proceso de toma de decisiones en los tribunales superiores.
¿Se cumple la norma del Código Orgánico de Tribunales que indica votar en orden inverso a la antigüedad? Si así fuera, ¿cómo se explica la incontrarrestable influencia que parecen haber ejercido quienes presiden las salas? ¿Con que autonomía y diligencia estudian y fallan los casos los demás ministros?
Un tribunal colegiado deber ser, por diseño, un antídoto contra la corrupción y arbitrariedad, pero eso requiere la diligencia y contraste de opiniones que, aparentemente, no se observaron en los casos en que se han acusado irregularidades gestionadas por quienes han presidido las salas.
En el pasado la clase política chilena ha sabido reformar para prevenir y corregir. Lo ha hecho de manera trasversal, con base técnica, sin oportunismos ni indolencia. Hoy urge hacerlo para recuperar la confianza en quienes aplican el derecho.
Alejandro Ferreiro
En representación del Directorio de Chile Transparente
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