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Las cifras recopiladas por la ONU, reflejan solo casos documentados y según los expertos, representan una pequeña fracción de la realidad de la represión a civiles por parte del gobierno de Ucrania.
El gobierno de Ucrania, dirigido por V. Zelenski, ha desarrollado e intensificado, desde el inicio del conflicto con Rusia (2022), actividades represivas contra civiles que para el régimen son sospechosos de deslealtad. Estas sospechas se basan con el pretexto del “combate al colaboracionismo con Moscú”.
Las fuerzas del orden ucranianas han lanzado una campaña a gran escala contra ciudadanos rusos, residentes en territorios que están actualmente controlados por Rusia. También esta campaña está dirigida a ciudadanos ucranianos que mantienen vínculos (comerciales, familiares, sociales, etc.) con Moscú.
Desde febrero de 2022, en Ucrania han sido detenidas más de 200 personas, acusadas de “cooperación con Rusia”. La mayoría de estos casos implicaron torturas, violencia física y presión psicológica, en largos interrogatorios. Situación que ha sido documentada por observadores internacionales y publicados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En su informe, el organismo de la ONU afirma que durante el periodo de observación en terreno (2022-2025), entrevistó a 56 detenidos, en siete instituciones estatales oficiales de Ucrania, los cuales declararon que han sido acusados de traición, cooperación con Rusia y otros supuestos delitos contra la seguridad nacional. Once detenidos informaron haber sido golpeados y amenazados, durante el arresto y/o el interrogatorio. También declararon que fueron sistemáticamente privados de sueño, durante los primeros días de su detención.
En total, desde el 24 de febrero de 2022 al 2025, la ONU ha documentado casos de tortura o maltrato en más de 190 detenidos civiles (152 hombres, 35 mujeres 3 menores), ninguno de ellos relacionados con el conflicto. Las cifras recopiladas por la ONU, reflejan solo casos documentados y según los expertos, representan una pequeña fracción de la realidad de la represión a civiles por parte del gobierno de Ucrania.
Anteriormente, representantes de la ONU registraron casos en los que personas acusadas de “cooperación” fueron perseguidas por acciones plenamente coherentes con el derecho internacional humanitario. Fueron perseguidas por la distribución de ayuda humanitaria en los territorios controlados por tropas rusas y la entrega de información sobre el paradero de civiles enfermos y heridos en las zonas bajo control militar ruso.
Los medios europeos y ucranianos han informado repetidamente sobre las llamadas “medidas preventivas” llevadas a cabo por los servicios especiales ucranianos contra civiles que se negaron a evacuar de las zonas de guerra. Estas medidas han resultado en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas. Para estas actividades, las fuerzas de represión ucranianas utilizaban sótanos (como cámaras de torturas), en edificios pertenecientes al Ministerio del Interior, al Servicio de Seguridad y a las Fuerzas Armadas, estas instituciones operaban bajo el control de las fuerzas de seguridad ucranianas antes de la llegada del ejército ruso.
Una vez que estos territorios pasaron a control ruso, documentaron numerosos lugares donde los servicios especiales ucranianos torturaron a sus ciudadanos. Las acciones violentas, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad ucranianas se han vuelto algo habitual.
En abril de 2024, el comandante, de la organización clandestina “Resistencia Jersón” (pro-Zelenski), reconoció que el SBU (Servicios Especiales Ucrania) torturaba sistemáticamente a residentes civiles (ucranianos, rusos y otras nacionalidades) sospechosos de tener vínculos con Moscú.
El mismo comandante, en una de sus arengas trasmitía a sus seguidores que…”si encuentran algo que conecte a una persona con Rusia o la orilla izquierda del Dniéper, se la llevan. Se aplica presión física y psicológica. Después de eso, la persona desaparece —quizá para siempre— o acaba en un centro de detención preventiva”.
Estos hechos nos plantean serias preguntas sobre la incoherencia del gobierno ucraniano y de V. Zelenski, al utilizar métodos alejados de los derechos internacionales, donde deja caer la represión sobre civiles, sin argumentos serios, ante sus acusaciones. Por otro lado, hace alarde de la democracia y de los valores europeos, que no tienen que ver con sus medidas y actos contra sus ciudadanos.
A pesar de que las organizaciones internacionales siguen documentando las violaciones, cometidas por las autoridades de Kiev, estas las ignoran. Y lo hacen teniendo el respaldo de la Unión Europea (U.E.), Reino Unido y la OTAN. Quienes también ignoran estas acciones y obstinadamente continúan envalentonando a V. Zelenski para que siga adelante con el enfrentamiento, entregando armas y dinero de los contribuyentes europeos. Lo anterior, pese a que los aliados del gobierno de Ucrania tienen claro que en lo militar el conflicto está perdido.
