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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, criticó el acuerdo entre el Gobierno y los dueños del terreno de la megatoma en el Cerro Centinela, San Antonio, Valparaíso, advirtiendo que el problema será responsabilidad del próximo gobierno. Tras la suspensión del desalojo, Alessandri consideró que el pacto solo refleja un debilitamiento institucional y acusó al Ejecutivo de ceder ante presiones electorales. Apuntando al modelo de federaciones y cooperativas, el alcalde destacó la gestión en Lo Barnechea, donde se reubicó a los ocupantes ilegales y financió subsidios de arriendo, evitando nuevas tomas. Alessandri criticó la falta de acciones similares por parte del Gobierno, señalando que un accionar distinto habría evitado la desobediencia al Estado de derecho.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, criticó el acuerdo al que llegó el Gobierno con los dueños del terreno que ocupa la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, región de Valparaíso.

“Como en tantos otros temas, la toma de San Antonio también deberá solucionarlo el próximo gobierno”, lanzó.

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Tras la suspensión del desalojo programado para el 27 de febrero, el jefe comunal aseguró que dicho acuerdo “no es más que una nueva señal de debilitamiento institucional”. Y aseguró que su “objetivo de fondo fue ganar tiempo y evitar el desalojo a partir de cálculos políticos electorales”.

En ese sentido, agregó que “el modelo de una gran federación y muchas cooperativas no tiene ningún sustento en la práctica. Peor aún, entrega una señal nefasta de que en nuestro país cualquier grupo de personas puede usurpar un terreno y luego legalizarlo por la vía de la presión social”.

Alessandri apuntó a lo ocurrido en la comuna que actualmente está bajo su administración. “En Lo Barnechea se ha hecho un trabajo distinto. Nos adelantamos. Se trabajó desde la oficina de Asentamientos Precarios, se catastró a los residentes, se buscó una alternativa de salida para los ocupantes ilegales. Se les reubicó y el municipio financió su subsidio de arriendo temporal. Inmediatamente, se intervinieron los inmuebles desalojados para evitar una nueva toma”, detalló.

Lo anterior lo utilizó a modo de ejemplo para el Gobierno. “Quizás si el Gobierno tras el fallo hubiese iniciado un accionar similar; no hubiésemos llegado a esta salida contradictoria al Estado de derecho”, finalizó.