Tras la reunión calificada de “clave” por la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, el Gobierno y los dueños del terreno suscribieron un protocolo de acuerdo. Con esto, se suspende el desalojo programado para el 27 de febrero.
Entre los puntos consensuados está la conformación de una comisión técnica integrada por un representante de los dueños de la propiedad, el Ministerio de Vivienda y el Municipio de San Antonio.
Dicha instancia estará integrada por profesionales de la construcción, que reportarán a las partes sobre las condiciones de venta del terreno, precio y garantías. También se establece que en caso de no lograr un acuerdo, “la Comisión establecerá las modalidades para proceder a dar cumplimiento razonable y paulatino al fallo antes referido”, precisan en un comunicado del Minvu.
En la comisión se tratará el sistema de garantía y precio del terreno, y la adquisición de todo el predio en un solo acto por la vía de cooperativas, entre otras alternativas.
Suspender desalojo
Además, siendo el punto más importante para las familias que habitan en el asentamiento irregular, mañana martes se presentará en la Corte de Apelaciones de Valparaíso las bases del acuerdo para suspender el desalojo.
Este protocolo de acuerdo permitirá definir un camino a seguir en búsqueda de una solución definitiva a esta problemática que ya cuenta con una sentencia de la justicia.
Desde el gobierno informan que los propietarios establecen su voluntad de revisar una eventual propuesta de compra que permita dar solución al recurso presentado para desalojar el terreno.
“Las partes establecen que la Comisión Técnica tendrá un plazo máximo de duración de 6 meses contados desde la fecha de suscripción del presente protocolo. Durante su funcionamiento, las partes establecen que el contenido de los reportes de dicha Comisión, así como los acuerdos a los que se arriben, serán confidenciales y reservados”, añaden.
Autoridades valoran protocolo de acuerdo
Ante este importante avance en las negociaciones, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo que las familias “van a tener que en definitiva comprar el terreno y a partir de lo cual postular como cualquier ciudadano a los subsidios del estado. Esa es la solución”.
El alcalde de San Antonio, Omar Vera, destacó el desarrollo de la mesa de trabajo que permitió “destrabar el inminente desalojo del próximo jueves 27”.
“Era una situación sumamente compleja del punto de vista social, del punto de vista seguridad, del punto de vista humanitario que gracias justamente al entendimiento, al diálogo y a la disposición desde las partes se ha permitido destrabar”, reforzó el jefe comunal.
En tanto, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que “la señal por parte del Ejecutivo es que las sentencias judiciales están para cumplirse. El acuerdo que se ha llegado hoy día con los propietarios en la conformación de esta comisión técnica es un espacio de negociación sobre temas muy precisos con relación a la forma y modo en que se puede adquirir, la venta, las condiciones y las garantías”.
De igual forma recalcó que este es un “periodo de negociación de una comisión técnica conformada por un miembro de cada una de las partes, es decir, del municipio, de los propietarios y el Ministerio de Vivienda y que, por cierto, se va a administrar y se va a gestionar con una negociación en términos de prudencia y confidencialidad hasta poder llegar a un acuerdo”.
Compra a través de cooperativas
El ministro Montes detalló que “son 16 cooperativas las que ya están conformadas, con cerca de dos mil integrantes y se van a constituir 16 más. Esperamos llegar a 32”.
“Esperamos que las cooperativas conformen un sistema de coordinación entre ellas y se conforme una federación de cooperativas, que está planteado así en la ley”, agregó el secretario de Estado.
La autoridad de gobierno también fue enfático en indicar que no es solo el caso de San Antonio, ya que las tomas de terreno es un tema nacional. Es más, según precisó, hay más de 110 mil familias viviendo en tomas y campamentos.
Es por ello que la conformación de cooperativa, abre —a su juicio— un “camino distinto, un camino en que aquellos que han hecho tomas van a tener que reunir recursos para pagar el terreno, y a partir de lo cual, postular al igual que el resto de los chilenos a los subsidios correspondientes”, cerró.
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