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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra exfuncionarios de la municipalidad de Las Condes y particulares, incluyendo a representantes legales de Vulcon Asset Management SpA y abogados, por delitos de fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público relacionados con un fallido proyecto inmobiliario y de salud que generó pérdidas fiscales estimadas en $15.200 millones. La acción penal se dirige específicamente a Ricardo Nicolás Gutiérrez Lafrentz, Alejandro Esteban Contreras Morales, Héctor Patricio Navarrete Aris, Travisany Santos, Paul Gerard Capdeville Castro, Luis Antonio Espinoza Novoa y Eduardo Antonio López Arriagada. La querella pretende establecer responsabilidades penales y la restitución de los fondos públicos comprometidos en la operación debido a diversas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de terrenos para el proyecto.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra exfuncionarios de la municipalidad de Las Condes y particulares, por delitos de fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público. Ello, en el marco de un fallido proyecto inmobiliario y de salud que generó millonarias pérdidas de recursos fiscales.
Según detalla el escrito presentado el pasado 7 de febrero, la acción penal se dirige contra Ricardo Nicolás Gutiérrez Lafrentz, Alejandro Esteban Contreras Morales y Héctor Patricio Navarrete Aris, exfuncionarios municipales, además de Travisany Santos y Paul Gerard Capdeville Castro, representantes legales de Vulcon Asset Management SpA.
Asimismo, la querella también apunta contra los abogados Luis Antonio Espinoza Novoa y Eduardo Antonio López Arriagada, por el delito de uso malicioso de instrumento público, tipificado en el artículo 196 del Código Penal.
El caso está vinculado a la gestión irregular de un supuesto proyecto inmobiliario para la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam), el cual nunca se materializó. Lo que causó un perjuicio patrimonial al Fisco estimado en $15.200 millones, equivalentes a 400 mil unidades de fomento (UF).
Según el CDE, durante la adquisición de terrenos para el proyecto se detectaron diversas irregularidades, entre ellas la compra de propiedades a valores inflados, la falsificación de un decreto municipal de marzo de 2022 y el ocultamiento de información relevante en el proceso de compra.
La querella busca establecer las responsabilidades penales de los involucrados y la restitución de los fondos públicos comprometidos en la operación.
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