Cuatro carabineros en retiro fueron condenados por cobrar coimas por sacar automóviles de circulación en la región Metropolitana. Si bien fueron sentenciados entre 3 años y un día de presidio hasta los 5 años, cumplirán la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Cabe precisar que a los responsables se les imputaron los delitos de cohecho, soborno y asociación ilícita.
El primer Juzgado de Garantía de Santiago condenó a cuatro carabineros (r) en el marco del denominado Caso Grúas, donde cobraban coimas por sacar automóviles de circulación.
Entre los involucrados figuran el exprefecto del Maipo, Ricardo Barriga; el excomisario de la Sexta Comisaría de Recoleta, Ismael Cid; y el también comisario en retiro de la Tercera Comisaría de Rancagua, Sebastián Pazo.
Las sentencias van desde 3 años y un día de presidio hasta los 5 años. Sin embargo, se les concedió la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
Por otra parte, deberán pagar multas que van desde $6.000.000 a $12.0000.
En tanto, uno de los dueños de Aparcadero Custodias Nacionales (ACN), José Williamson, fue condenado a 5 años y a una multa superior a los $23.000.000.
Cabe precisar que la investigación fue liderada por el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Eduardo Baeza, y los responsables cumplirán condena por los delitos de cohecho, soborno y asociación ilícita.
Caso Grúas: el negocio para sacar autos de circulación
La historia fue relatada por la Unidad de Investigación de BioBioChile en mayo de 2021. Todo partió al interior de la Sexta Comisaría de Recoleta, donde efectivos policiales se relacionaban con Williamson para dar rienda suelta a un lucrativo negocio.
Según estableció la Fiscalía Metropolitana Occidente, los oficiales comenzaron a favorecer a su compañía para que los vehículos retirados fueran trasladados con las grúas de la empresa, enviándolos a su aparcadero en San Bernardo.
Como tapadera, fue creada una Brigada de Tránsito (BT) al interior de la institución.
La fórmula era ideal, porque dentro de la jurisdicción estaba el concurrido Barrio Bellavista. “Se tradujo en la obtención de ingentes ganancias para dicha empresa, tanto por el cobro de tarifas de traslados por grúas como tarifas de bodegaje diario”, detalló el fiscal Baeza.
Para ampliar el negocio a otras comunas de la región Metropolitana, se tomó contacto con otros uniformados del mismo rango. Sin embargo, en ese proceso, no imaginaban que sus llamadas eran interceptadas por la policía.
De acuerdo al Ministerio Público, todavía faltan imputados que serán reformalizados en este caso.
