El Ministerio Público informó que dispuso a la Unidad de Lavado de Activos de Carabineros para realizar las diligencias en la investigación en contra de la excandidata a gobernadora de la región Metropolitana, Karina Oliva.

El fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien investigará a la candidata a senadora y exaspirante a gobernadora Metropolitana, Karina Oliva, por el presunto delito de fraude de subvenciones tras la rendición de su campaña a gobernadora al Servel, indicó la primeras diligencias sobre el caso.

En la instancia, Barros indicó que las diligencias serán realizadas por la Unidad de Lavado de Activos de Carabineros, como también la remisión de los antecedentes del Servicio Electoral.

El presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, admitió que no tienen las herramientas suficientes para detectar irregularidades en gastos electorales, tras las acusaciones a la candidata al Senado Karina Oliva, que cuestionan sus gastos de campaña.

Por ello, Barros afirmó que “mientras no haya denuncia del Servel, sólo podemos investigar las figuras ordinarias del Código Penal”. Esto significó que desde el Ministerio Público oficiaron al organismo para que tome una postura con respecto al caso.

Tras el reportaje de Ciper, sobre irregularidades en los gastos de campaña de la ex candidata a gobernadora, Karina Oliva, donde se indica que militantes de su partido presentaron boletas por un total de $137 millones en la rendición al Servicio Electoral, el presidente del organismo, Andrés Tagle, aseguró que tienen distintos obstáculos para detectar estas prácticas.

La principal razón según Tagle, es que no tienen una herramienta que se encargue de fiscalizar valores máximos de gastos electorales.

En tanto, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, dijo que como partido rechazan estas “prácticas” y que apoyan la postura del candidato presidencial del sector, Gabriel Boric, quien le quitó su apoyo a Oliva.

Desde el Servel aseguraron además que, una buena regulación sería que todas las contrataciones, se informen en el momento en que se contratan y “antes de la elección” para así poder limitar el exceso de gastos.