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No podemos permitir que esta reforma se convierta en otro mandato desfinanciado que termine profundizando la brecha de desigualdad entre comunas.
La semana pasada, en el marco de la Escuela de Verano 2026 de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), nos reunimos alcaldes, concejales, directivos y ex autoridades nacionales para analizar un hito que marcará un antes y un después en la gestión local: la nueva Ley de Seguridad Municipal.
Qué duda cabe de que esta legislación representa un avance histórico. Por primera vez, el Estado chileno formaliza el rol de los inspectores municipales en materia preventiva, otorgando un respaldo legal a una función que, hasta ayer, se ejercía en una zona gris de ambigüedad administrativa.
Sin embargo, tras participar en la exposición sobre el rol de Carabineros y las atribuciones de inspección, la conclusión es ineludible: estamos ante una ley robusta en lo jurídico, pero huérfana en lo financiero.
No podemos permitir que esta reforma se convierta en otro mandato desfinanciado que termine profundizando la brecha de desigualdad entre comunas.
Por esta razón, debemos avanzar en la creación de un Fondo Regional de Seguridad Municipal. El objetivo es transitar hacia una estructura de financiamiento permanente y sostenible, liderada por los Gobiernos Regionales, para la seguridad pública y la prevención. Y para que la ley sea efectiva en el territorio, una forma de articular el fondo puede ser a través de los siguientes pilares:
Estandarización de equipamiento táctico: Es urgente nivelar la cancha. No es aceptable que el nivel de protección de un inspector dependa del presupuesto de su municipalidad. El fondo debe garantizar el acceso a vehículos blindados ligeros en aquellos casos que así lo recomienden las policías, cámaras corporales (bodycams) y sistemas de radiocomunicación encriptada para todas las comunas de la región.
Profesionalización y certificación continua: La nueva ley exige estándares superiores de capacitación. Este fondo permitiría financiar programas de formación técnica en el uso de la fuerza, derechos humanos y primeros auxilios tácticos, asegurando que nuestros equipos estén a la altura de la responsabilidad legal que hoy ostentan.
Inversión en prevención social y estructural: La seguridad no se agota en el patrullaje. Necesitamos recursos permanentes para abordar las causas de la delincuencia mediante la recuperación de espacios públicos, iluminación táctica y programas de reinserción local que tengan continuidad garantizada en el tiempo.
La seguridad es un esfuerzo multisectorial que exige planificación basada en evidencia, pero, sobre todo, voluntad de ejecución. La formalización de los inspectores es una gran noticia para Chile, pero solo será una realidad palpable para los vecinos de Iquique y de todo el país si viene acompañada de los recursos necesarios.
El paso institucional ya se dio. Ahora el desafío es evitar que el código postal de un ciudadano determine su derecho a vivir seguro. Un Fondo Regional de Seguridad Municipal es la garantía de que esta ley no se quede en el papel, sino que se convierta en tranquilidad para nuestras familias.
