Solicité formalmente la inhabilitación del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de la dirección de las investigaciones relacionadas con la denominada “Casa Allende” y otras aristas conexas, por una razón simple pero grave: sus decisiones apuntan sistemáticamente a cerrar las causas antes de que sean juzgadas, generando un riesgo real de impunidad para quienes han sido querellados por la Fundación Fuerza Ciudadana que presido.
En la causa relativa a la compraventa del inmueble, el fiscal resolvió no perseverar, pese a existir antecedentes documentales, testimoniales y diligencias pendientes. En la investigación por la contratación de un abogado penalista privado con eventuales recursos públicos, solicitó el sobreseimiento definitivo, resolución que fue revocada por unanimidad por la Corte de Apelaciones de Santiago. Ambas decisiones, aunque procesalmente distintas, conducen a un mismo resultado práctico: impedir que los hechos sean conocidos en juicio oral.
A ello se suma la negativa injustificada a agrupar ambas investigaciones, pese a que existe una vinculación directa y evidente entre ellas. Tal fragmentación procesal, si bien es una facultad del Fiscal, permitió cerrar cada causa por vías distintas, dificultando la persecución penal y frustrando el derecho del querellante a forzar una acusación, facultad que la ley reconoce expresamente.
En este contexto, y habiendo la Corte de Apelaciones de Santiago -unánimemente- rechazado la solicitud de Cooper de sobreseer definitivamente a Boric, resulta que mantener al mismo fiscal a cargo compromete seriamente el principio de objetividad que rige al Ministerio Público y debilita la confianza pública en la persecución penal, especialmente porque los hechos involucran a altas autoridades del Estado.
La solicitud al Fiscal Nacional
Por ello, solicité al Fiscal Nacional que asuma directamente la investigación, conforme a las facultades que le confiere la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público cuando están involucradas personas de alta investidura. La relevancia institucional del caso, la gravedad de los antecedentes y el riesgo de clausura anticipada justifican plenamente dicha intervención.
El derecho internacional también impone un estándar reforzado en materia de corrupción. Chile está obligado, por tratados internacionales vigentes, a investigar y perseguir eficazmente estos delitos, sin privilegios ni excepciones. Cerrar investigaciones con diligencias pendientes o de manera anticipada -sin juicio oral- no solo vulnera el principio de igualdad ante la ley, sino que compromete la responsabilidad internacional del Estado.
La corrupción no es un problema abstracto: debilita el Estado de Derecho, erosiona la democracia y afecta directamente los derechos humanos. Cuando los poderosos quedan impunes, la ley deja de ser ley y la justicia se transforma en una ilusión retórica.
Por eso pedí que se cambie al fiscal Cooper de esta investigación, y requerí la intervención del Fiscal Nacional como autoridad competente dada la investidura de los involucrados, que compromete al Presidente de la República y desde el 11 de marzo a un expresidente. No se trata de una disputa personal ni política, sino de una cuestión institucional: o la justicia se aplica a todos por igual, o dejamos de vivir en un Estado de Derecho.
Raimundo Palamara Stewart
Abogado
Presidente Fundación Fuerza Ciudadana
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