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El ataque a las instalaciones nucleares y el patrón general de desprecio por la soberanía no son anomalías, sino expresiones de una transformación más profunda en la que se permite que el poder anule las reglas y se utiliza la retórica moral para legitimar prácticas que socavan los mismos valores que dice defender.
La política de Estados Unidos hacia Irán bajo la segunda administración Trump se ha enmarcado en un lenguaje saturado de reivindicaciones morales vacías e infundadas, en particular el lenguaje de los derechos humanos, el apoyo a la gente común y la supuesta necesidad de acciones firmes, e incluso excepcionales, contra lo que Washington describe como un régimen peligroso e ilegítimo.
Sin embargo, un análisis más detallado revela una profunda brecha entre este discurso y las prácticas reales y la lógica estratégica de la política estadounidense. En lugar de reflejar un compromiso consistente con los valores humanitarios o el Estado de derecho, el enfoque estadounidense ilustra un patrón más amplio: la instrumentalización del lenguaje moral para legitimar el unilateralismo, la coerción y la constante erosión de las normas jurídicas internacionales.
El ataque a las instalaciones nucleares iraníes, el uso extensivo de sanciones y el abierto desprecio por la soberanía en otros casos -como el de Venezuela- no son incidentes aislados. Forman parte de una visión coherente —aunque profundamente preocupante— del orden internacional en el que el poder prevalece cada vez más sobre las normas.
En el centro de la narrativa de Washington se encuentra una maniobra retórica familiar: la separación entre “el pueblo iraní” y “el régimen iraní”.
Los funcionarios estadounidenses insisten en que su conflicto no es con la sociedad, sino con el Estado, y que la presión busca empoderar a la población y, al mismo tiempo, debilitar una estructura política opresiva. Esta distinción permite a los responsables políticos presentar las medidas coercitivas como actos de solidaridad, no como castigo.
En la práctica, sin embargo, las sanciones generalizadas, el aislamiento financiero y la presión militar no se limitan a las élites políticas. Reconfiguran economías enteras, socavan el acceso a bienes esenciales e imponen costos elevados y predecibles a la gente común. El lenguaje de “apoyar al pueblo”, por lo tanto, funciona menos como un compromiso ético genuino que como un escudo discursivo tras el cual se implementan políticas de presión colectiva.
Esta contradicción se hace especialmente evidente en el caso del ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Cualquiera que sea la opinión sobre el programa nuclear iraní, el uso de la fuerza contra dichas instalaciones representa una grave escalada y un desafío directo a los principios fundamentales del derecho internacional, sobre todo, la prohibición del uso de la fuerza y la obligación de resolver las disputas por medios pacíficos.
Estados Unidos ha buscado justificar tales acciones mediante una noción ampliada de prevención y legítima defensa. Sin embargo, este razonamiento lleva el significado legal de la legítima defensa al límite y corre el riesgo de normalizar un mundo en el que los Estados poderosos se atribuyen el derecho a atacar cuando definen una amenaza como inaceptable. De generalizarse, dicha doctrina desmantelaría en la práctica los cimientos de la seguridad colectiva.
El caso iraní no es único
El enfoque estadounidense en el secuestro del presidente venezolano refleja la misma mentalidad en un contexto regional distinto: la disposición a eludir las restricciones legales siempre que entren en conflicto con objetivos políticos.
En ambos casos, Washington ha actuado como si la soberanía y la no intervención fueran privilegios condicionales en lugar de normas fundamentales. Esto no es mera hipocresía ni un doble rasero; es un desafío estructural a la idea de que las relaciones internacionales deben regirse por la ley y no por la voluntad discrecional del más fuerte.
Quienes defienden estas políticas suelen argumentar que las amenazas extraordinarias requieren medidas extraordinarias y que el orden jurídico internacional vigente es demasiado lento o ineficaz para lidiar con actores como Irán.
Sin embargo, este argumento ignora el propósito mismo del sistema internacional posterior a 1945, diseñado precisamente para prevenir el uso unilateral de la fuerza y canalizar los conflictos hacia marcos jurídicos e institucionales. La experiencia de las últimas décadas —desde Irak hasta Libia— ofrece poca evidencia de que eludir el derecho internacional produzca estabilidad o justicia. Al contrario, ha tendido a generar inestabilidad a largo plazo, caos regional y un profundo resentimiento.
Uso selectivo e instrumental de los derechos humanos
El discurso de los derechos humanos desempeña un papel particularmente problemático en este contexto. Bajo la segunda administración de Trump, el lenguaje de los derechos se ha utilizado cada vez más de forma selectiva e instrumental.
Las violaciones cometidas por los adversarios se destacan y moralizan, mientras que los abusos cometidos por los aliados se ignoran o minimizan. Esta indignación selectiva socava la universalidad de los derechos humanos y los convierte en herramientas de competencia geopolítica.
En el caso iraní, la retórica de los derechos humanos se ha integrado en una narrativa más amplia que presenta al Estado como fundamentalmente ilegítimo y, por lo tanto, como blanco legítimo de medidas excepcionales. Una vez aceptada esta lógica, casi cualquier forma de coerción puede replantearse como moralmente justificada.
Sin embargo, el derecho internacional no reconoce el derecho general de los Estados a castigar o transformar otros sistemas políticos por la fuerza. Los principios de soberanía y no intervención no son recompensas por el buen comportamiento; son salvaguardias estructurales contra la violencia arbitraria.
Argumentar que el carácter interno de un gobierno anula estas protecciones es regresar a un mundo donde el poder, y no la ley, determina la legitimidad. Por lo tanto, el ataque a las instalaciones nucleares no solo constituye una violación específica, sino también un precedente peligroso que debilita las restricciones normativas sobre el uso de la fuerza.
La dimensión económica de la política estadounidense refuerza esta crítica. El uso extensivo de sanciones unilaterales y extraterritoriales constituye una forma de guerra económica que difumina la línea entre la paz y el conflicto.
Aunque estas medidas suelen describirse como “selectivas” o “inteligentes”, sus efectos son, de hecho, amplios y estructurales. Perturban los sistemas financieros, socavan la salud pública y degradan el nivel de vida en general. La afirmación de que dicho sufrimiento es un efecto secundario desafortunado pero necesario de una política moralmente justificada es difícil de defender. Si el castigo colectivo está prohibido en tiempos de guerra, es difícil ver cómo puede ser éticamente aceptable como instrumento de presión en tiempos de paz.
Unilateralismo
El unilateralismo es el hilo conductor de estas prácticas. La segunda administración Trump ha preferido sistemáticamente actuar en solitario o dentro de coaliciones estrechas en lugar de hacerlo a través de instituciones multilaterales o mecanismos legales establecidos.
Este enfoque se defiende a menudo en nombre de la eficiencia y la decisión, pero su efecto a largo plazo es debilitar las mismas instituciones que posibilitan la cooperación y la gestión de conflictos. En el caso iraní, el abandono de los marcos negociados, la marginación de los organismos internacionales de supervisión y el giro hacia la coerción no han generado mayor seguridad. Por el contrario, han aumentado la desconfianza, reducido la transparencia y aumentado el riesgo de una escalada descontrolada.
Las consecuencias más amplias de esta estrategia ya son visibles. El resultado se manifiesta en un efecto de contagio, más claramente en el repentino aumento de los precios mundiales de la energía. Esto ayuda a explicar por qué Estados Unidos ha vuelto a priorizar a Venezuela y ahora no teme la escalada de tensiones sin tener en cuenta los intereses de otros actores. Sin embargo, el espíritu de ventaja unilateral es fundamentalmente incompatible con los intereses colectivos. La mentalidad de “Estados Unidos primero” es, en la práctica, una doctrina de estatus secundario para todos los demás.
La instrumentalización del lenguaje de los derechos humanos en este contexto es especialmente perjudicial. Cuando se invocan derechos de forma selectiva y en apoyo de políticas coercitivas que, en sí mismas, violan normas fundamentales, pierden su credibilidad como principios universales y se convierten en indicadores de alineamiento político.
Esto no solo debilita los esfuerzos genuinos por defender la dignidad humana, sino que también proporciona a los gobiernos autoritarios de otros países un argumento fácil de usar: que los derechos humanos son simplemente un pretexto para la injerencia.
Un enfoque más coherente y basado en principios respecto a Irán tendría que partir de premisas diferentes. Consideraría el derecho internacional no como un obstáculo para la seguridad, sino como su condición previa, y reconocería que no se pueden construir soluciones sostenibles sobre la base de la humillación, el estrangulamiento económico y la amenaza permanente del uso de la fuerza. El diálogo, la verificación y el compromiso negociado, por imperfectos que sean, siguen siendo las únicas herramientas que han gestionado conflictos complejos sin costos catastróficos.
La trayectoria actual apunta en la dirección opuesta. Al atacar instalaciones nucleares, ignorar la soberanía y eludir sistemáticamente los marcos multilaterales, Estados Unidos, bajo la segunda administración Trump, está reestructurando las normas internacionales de maneras que hacen al mundo más peligroso. Los beneficios a corto plazo de la coerción se pagan a costa de la inestabilidad a largo plazo y el deterioro normativo.
El lenguaje moral que rodea la política estadounidense hacia Irán bajo Trump II funciona, por lo tanto, en gran medida como una fachada. Tras él se esconde una estrategia definida por el unilateralismo, la coerción y una preocupante indiferencia hacia el derecho internacional.
El ataque a las instalaciones nucleares y el patrón general de desprecio por la soberanía no son anomalías, sino expresiones de una transformación más profunda en la que se permite que el poder anule las reglas y se utiliza la retórica moral para legitimar prácticas que socavan los mismos valores que dice defender. Si este rumbo continúa, el daño se extenderá mucho más allá de conflictos y regiones específicos, golpeando los cimientos del propio orden jurídico internacional.
