Cuando la potencia ocupante israelí ignora la inmunidad diplomática de la ONU y destruye sus centros, envía un mensaje claro: el derecho internacional es opcional.

Las imágenes del 20 de enero de 2026 en Sheikh Jarrah, Jerusalén Este, trascendieron la mera demolición de la sede de la UNRWA y simbolizaron un ataque directo a la legalidad internacional. El incendio provocado cinco días después, el 25 de enero, consumó la destrucción de un emblema de protección humanitaria considerado inviolable desde el orden internacional posterior a 1949.

Establecida por la Resolución 302 (IV) de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 8 de diciembre de 1949, la UNRWA es un pilar de ese sistema, por lo que la destrucción de su sede cuestiona los fundamentos jurídicos de la acción humanitaria internacional.

Para comprender la gravedad de este hecho, los datos son más elocuentes que la retórica. El complejo de Jerusalén no era una oficina administrativa ordinaria, sino el centro operativo clave de la UNRWA para Cisjordania y Jerusalén Este.

Como núcleo operativo de la agencia en la ciudad, articulaba la coordinación sobre el terreno con su función regional transfronteriza. A 2025–2026, más de 5,9 millones de refugiados palestinos están registrados ante la UNRWA, en su mayoría descendientes de personas desplazadas en 1948 y 1967, y dependen de sus servicios en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria, lo que convierte su destrucción en un golpe a un sistema humanitario regional.

El mandato de la UNRWA se implementa a través de 58 campamentos de refugiados palestinos oficialmente reconocidos, administrados en cooperación con la agencia en toda la región: 19 en Cisjordania, 8 en la Franja de Gaza, 12 en el Líbano, 10 en Jordania y 9 en Siria.

En este marco, el ataque contra la sede de la UNRWA golpea el núcleo administrativo y de coordinación de un sistema humanitario que sostiene a millones de refugiados en varios países, lo que demuestra que el impacto no es meramente simbólico, sino estructural, regional y profundamente desestabilizador.

La UNRWA es la única organización con capacidad instalada para gestionar servicios básicos en 27 campamentos de refugiados en Cisjordania y la Franja de Gaza. Opera más de 700 escuelas, más de 140 centros de atención primaria de salud y amplios programas de asistencia alimentaria y social, lo que la convierte en una de las mayores operaciones humanitarias del mundo.

La UNRWA cumple un papel central e insustituible en la educación de los campamentos de refugiados palestinos, al operar uno de los sistemas escolares más grandes de Oriente Medio y ofrecer educación primaria y secundaria inferior gratuita e inclusiva a cientos de miles de niños y niñas. En contextos de desplazamiento, ocupación y crisis recurrentes, sus escuelas garantizan la continuidad del aprendizaje y funcionan como espacios de protección con apoyo psicosocial. En la práctica, la UNRWA no complementa el sistema educativo: es el sistema mismo y, para muchos, la única vía hacia estabilidad y futuro.

Un informe reciente de la Universidad de Cambridge en conjunto con la UNRWA, describe una situación de “escolasticidio”, la destrucción sistemática de un sistema educativo completo, y señala que el 100% de la niñez en Gaza ha perdido el acceso a la educación formal.

En este contexto, la demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén amenaza con consolidar esta precariedad: la pérdida de coordinación central deja a 813.000 estudiantes en Cisjordania en extrema vulnerabilidad, mientras que en Gaza, donde el 87,7% de la infraestructura educativa ha sido dañada y han muerto más de 20.000 estudiantes y 1.000 docentes, la población queda sin el único organismo técnico capaz de liderar una reconstrucción educativa real.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina subraya que cualquier medida adoptada por las autoridades ocupantes carece de efecto jurídico sobre el estatus o las actividades de la UNRWA en el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Este, que continúa siendo territorio ocupado conforme al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas.

Cuando la potencia ocupante israelí ignora la inmunidad diplomática de la ONU y destruye sus centros, envía un mensaje claro: el derecho internacional es opcional. La impunidad ha escalado hacia la destrucción deliberada de los archivos y oficinas centrales de la UNRWA en Jerusalén.