La Contraloría ordenó sumarios administrativos por irregularidades en los estudios del proyecto que pretendía remodelar el eje Alameda – Providencia y que finalmente fue desechado por la administración del presidente Sebastián Piñera.
En el informe final publicado el 27 de marzo, Contraloría ordenó abrir sumarios para determinar
presuntas responsabilidad en los desembolsos pagados por tres contratos, según consignó La Tercera.
Uno por $2.657 millones a la empresa Duap en el proceso de diseño, un segundo pago a la Fundación Casa de la Paz por $208 millones en la etapa de Participación Ciudadana, y $49.517.667 a Estudio Racimo por un plan comunicacional.
Asimismo, detalló, se contrató a un equipo de trabajo entre 2014 y 2018 por un monto de $637 millones.
Las irregularidades se habrían presentado por la empresa Duap, a cargo del diseño. El informe de Contraloría advirtió retratos en un análisis que debían realizar sobre flujos vehiculares del eje, denominado “Microsimulación de tramos”.
Pese a que debía ser entregado en marzo de 2017, a mayo de 2018 -mes de cierre de la investigación- aún no se presentaba.
Además del avance presentado, se detectaron errores. En agosto de 2017 el jefe de División de Análisis del Gobierno Regional alertó al encargado del proyecto en julio de 2017 que “los modelos que reporta el informe presentan errores básicos, que dan cuenta de la falta de prolijidad o de conocimiento”.
Pese a esto, según el informe de Contraloría el gerente del proyecto habría considerado “que los incumplimientos no eran de la necesaria envergadura para adoptar la medida de término unilateral, a pesar de las reiteradas advertencias”.
También se nombra al intendente de ese momento, Claudio Orrego, quien aprobaba o rechaza las propuestas del gerente. En esa línea, Contraloría planteó que el Gobierno Regional tramitó “una disminución del contrato de diseño” en vez de terminar el convenio y hacer efectiva el cobro de la garantía.
Asimismo, se cuestionó la no aplicación de multa por los retrasos en entrega de análisis comprometidos por $230 millones.
La intendenta Karla Rubilar sostuvo que “sentimos que esto avala la triste y lamentable decisión que se tuvo que tomar respecto a hacer un término anticipado con la empresa y terminar el convenio de mandato de Transportes hacia nosotros”.
Frente a lo ocurrido, sostuvo que rescatarán todo lo que se pueda del proceso de participación ciudadana para remodelar algunos aspectos de la principal vía capitalina.
