Luego del ingreso forzado de la comunidad Aukin Wallmapu a la Central Pangue, la delegada presidencial en la provincia de Bío Bío, se ofreció para mediar entre las familias y la empresa Enel Generación en Alto Bío Bío.

El Gobierno pretende mediar en conflicto entre familias pehuenches y Enel Generación Chile en Alto Bío Bío.

Recordemos que tras el ingreso forzado de la comunidad Aukin Wallmapu a la Central Pangue, la delegada presidencial en la provincia de Bío Bío, se ofreció para mediar entre ambas partes.

Como lo informó La Radio, el sábado 12 de marzo, un grupo de personas que mantienen obstaculizada la entrada a la central hidroeléctrica Pangue desde el 24 de enero en reclamo por incumplimientos de la generadora Enel, obligaron a salir a los guardias y personal que labora en estas oficinas ubicadas en la alta cordillera.

Uno de las faltas tiene que ver con el hito memorial del cementerio indígena de Quepuca Ralco, el que fue inundado tras el llenado del embalse de la represa Ralco el 2004.

Gobierno busca mediar entre ambas partes

Hasta el lugar del conflicto concurrió ese día la delegada presidencial provincial de Bío Bío, Paulina Purrán, quién es oriunda de Alto Bío Bío. Ella se entrevistó con la presidenta de la comunidad Aukin Wallmapu, María Curriao, a quién le ofreció la posibilidad de actuar como intermediadora para lograr un acuerdo entre ambas partes.

Así lo confirmó la propia representante del poder Ejecutivo en la provincia de Bío Bío, quien añadió que la idea es crear una mesa de diálogo dentro de las facultades que les otorga la ley.

En tanto, la presidenta de la comunidad Aukin Wallmapu, María Curriao, valoró lo anterior e insistió en que lo que buscan es un diálogo equilibrado con la empresa Enel, la que insistió, mantiene una serie de acuerdos con las comunidades pehuenche sin cumplir.

Para la próxima semana se estima que haya una nueva reunión entre las partes.

“No existe las condiciones para algún tipo de mediación”

A través de un comunicado, Enel Generación señaló “que no existen las condiciones para algún tipo de mediación con alguien que mantiene acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad de nuestros trabajadores y la del Sistema Eléctrico Nacional”.

“Esperamos que la delegada pueda revisar todos antecedentes del caso, entre ellos el hecho de que la señora Curriao fue demanda en 2018 por familias Pehuenches por haberse apropiado de fondos equivalentes a 300 millones de pesos, destinados en favor de familias Pehuenches. En el contexto de un convenio suscrito por Enel y estas familias en 2017, y así poder restablecer el orden público en la zona”, se detalla en el documento.

A esto agregaron que “la compañía mantiene una relación constante y fluida, a través del diálogo y trabajo conjunto, con las 9 comunidades Pehuenches que son parte del territorio y con el Municipio del Alto Biobío, con quienes desarrolla mesas de trabajo para ejecución de proyectos de desarrollo socioeconómico local. Instancias a las cuales la señora María Curriao ha sido invitada, y de las cuales ella misma ha declinado ser parte”.

Finalmente, precisaron que “el bloqueo y acciones de fuerza no responden por ende a un problema con la población Pehuenche del territorio, sino que, a un tema de ilícito conducido por un grupo absolutamente minoritario dentro de las comunidades locales, que busca solucionar por la fuerza una situación de índole personal”.