En un inédito fallo, el Poder Judicial ordenó este miércoles al Ejecutivo proteger a víctimas de violencia rural en la provincia de Arauco, región del Bío Bío, quienes por años han sufrido una serie de ataques en la zona. Con esto se revoca un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que había rechazado las acciones legales.
La Corte Suprema acogió la jornada de este miércoles los recursos de protección presentados por víctimas de la violencia rural en la provincia de Arauco, región del Bío Bío, a quienes según el máximo tribunal del país se le ha vulnerado sus derechos por parte de las autoridades de Gobierno, al no evitar los cientos de ataques que por años ha sufrido la zona.
La Suprema revocó así un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que había rechazado las acciones legales, argumentando que como Poder Judicial no podía intervenir en otro poder del Estado como el Ejecutivo, y ordenar políticas públicas de seguridad.
Textualmente señala la Corte Suprema: se acoge el recurso de protección, “sólo en cuanto las autoridades recurridas deberán en un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra”.
Revisa el fallo a continuación:
El abogado Ricardo Yáñez, representante de las víctimas del Lago Lanalhue, dijo que se trata de un inédito fallo, al dar la razón a sus representados sobre los daños sufridos a raíz de la violencia rural, y por eso decretando medidas como vigilancia policial permanente, pudiendo considerarse el Estado de Emergencia actualmente vigente, aunque esa medida está a cargo de la Armada y en la sentencia la orden es para la autoridad administrativa.
Ya informada la vocera de uno de los grupos de víctimas, Solange Etchepare, recibió con alegría la resolución, aunque también manifestó cierta molestia, porque dijo, esta sentencia debió ser dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción hace un año, dejando pasar ese tiempo y permitiendo que grupos de desconocidos perpetraran cerca de 50 ataques.
