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La delegada ministerial de Vivienda y Urbanismo para la megatoma de San Antonio, Gloria Maira, abordó las posibles salidas del acuerdo entre las partes involucradas para evitar el desalojo. Valoró el protocolo alcanzado entre el Gobierno y los dueños de los terrenos tomados, refutando críticas sobre demoras en la solución. Destacó la necesidad de una solución innovadora para las 4.100 familias afectadas. Señaló que la solución debe considerar la imposibilidad de comprar terrenos con tomas activas, la disposición de los pobladores a adquirir el terreno y la voluntad de los dueños de vender. Destacó la importancia de la comisión técnica para acordar un precio en seis meses, evitando así un desalojo que sería una tragedia para todas las partes. Enfatizó que el proceso debe culminar en un acuerdo de compra para evitar un desalojo, advirtiendo que de no lograrse, será necesario iniciar el proceso de desalojo.

La delegada ministerial de Vivienda y Urbanismo para la megatoma de San Antonio, Gloria Maira, abordó este martes las posibles salidas del acuerdo entre las distintas partes, que evitaría el desalojo.

En conversación con radio Pauta, la autoridad valoró el protocolo de acuerdo al que llegó el Gobierno con los dueños de los terrenos tomados. Así, refutó las críticas que apuntan a la demora en llegar a una solución.

“Creo que la crítica del retraso es con poco conocimiento de lo que implica avanzar en un proceso de esto. Estamos hablando de 4.100 familias que tienen que ponerse de acuerdo en una solución innovadora, que no se ha dado antes“, señaló.

Tras eso, la delegada explicó que la solución debe considerar tres puntos esenciales. Primero, lo dicho por el ministro Montes respecto a que “no era posible comprar un terreno cuando hay una toma con desalojo, porque lo que se decida para San Antonio, tiene que estar disponible para todo el país”.

“Lo Segundo, es la expresión clara de los pobladores de comprar el terreno y lo tercero, la voluntad de los dueños de vender dicho terreno“, aseguró.

Comisión técnica y la urgencia del acuerdo

Ahora, Maira dijo que el trabajo estará centrado en la comisión técnica, la que debe acordar un precio en función de las tasaciones, contando con seis meses para lograr el acuerdo.

“Y creo que es posible hacerlo, porque si hay algo en lo que todos concordamos es que el desalojo sería una tremenda tragedia para las familias, para San Antonio y para los propietarios”, indicó.

De esta forma, advirtió que el proceso “tiene que terminar en un acuerdo de compra”, para evitar así las consecuencias que traería un eventual desalojo.

“El comunicado del Ministerio es absolutamente claro, el acuerdo es claro, tenemos seis meses para lograr ese acuerdo, y en caso de que no se logre, será necesario comenzar a trabajar en un proceso de desalojo, no hay duda en eso“, cerró.