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"Amenazan con dinamitar el puente": el relato de chilena atrapada por paro de camioneros en Bolivia
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Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile
En Cerro Centinela, donde se encuentra la megatoma de San Antonio, se logró un protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo y los dueños del terreno para evitar el desalojo. Se determinó formar una comisión para determinar el precio del terreno y establecer sistemas de cooperativas para su posible compra. Sin embargo, la reunión se realizó solo tres días antes del plazo de desalojo, generando la sensación de que se intenta resolver la situación a última hora. El origen del problema radica en la falta de soluciones habitacionales para las familias que han estado esperando por años, con discrepancias sobre el acceso al terreno en San Antonio. La complejidad de la situación requiere una cuidadosa gestión por parte del Gobierno, considerando la presencia de campamentos y la necesidad de políticas públicas efectivas para abordar el problema de vivienda.
Durante la tarde de este lunes, representantes del Ejecutivo y los dueños del terreno de Cerro Centinela en que está asentada la megatoma de San Antonio, lograron un protocolo de acuerdo para evitar el desalojo.
En la instancia se acordó realizar una comisión que determinará el precio del terreno, además de establecer sistemas de cooperativas para intentar la compra de este.
Lo ideal hubiese sido que la reunión se ejecutara hace al menos un mes y no solo tres días antes de que se tuviera que ejecutar el desalojo. La reunión dejó la idea de que todo se está intentando resolver sobre la marcha.
El mecanismo de la Megatoma de San Antonio
Muchas de las familias vienen por mucho tiempo esperando una solución habitacional a través de subsidios del Estado. Hay versiones contrapuestas respecto al mecanismo de cómo se llega a este terreno en San Antonio que hoy es un gran problema para el Ejecutivo.
Es evidente que no se puede tirar a toda la gente a la calle, pero el mecanismo y la fórmula que establezcan las autoridades de gobierno es muy relevante.
Según un catastro de Techo Chile del año 2022, al menos 100 mil personas están viviendo en un campamento. Es imposible entregar una solución habitacional concreta para todos ellos.
Lee también...
Por otro lado hay comités de adelanto que no se toman ningún terreno y buscan alianzas con los municipios y el Serviu para establecer qué terrenos son viables para la adquisición y la concreción del sueño de la casa propia.
No hay una solución que no sea compleja. Por un lado está las tomas y por otro lado los grupos de gente que están esperando cinco o seis años una respuesta del Ejecutivo, que deberá ocupar un lenguaje muy cuidadoso de ahora en adelante.
Lo que viene después de la reunión
Hay una política común que no ha cambiado, se aborda en el análisis de Causa y Efecto. “El Palacio de La Moneda en los últimos 10 o 12 años se ha transformado en una central de delivery. Llega el llamado telefónico, se busca una solución. No hay una estructura que pueda responder a las necesidades”.
En el papel uno puede ver políticas públicas pero parece ser que no es así en la práctica. Las cifras de campamentos, aumentados por migrantes irregulares, van en esta línea.
Los retiros de las AFP, los del 10 por ciento, están principalmente construidos en estos lugares. Esto no está reconocido, pero muchas de las familias pagaron entre $500 mil y $5 millones por un espacio dentro de estas tomas. Se mercadea y se hace un negocio con los más vulnerables y no hay nadie formalizado por este tipo de hechos.
Revisa todo el análisis de Causa y Efecto en el video de la nota.
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Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile
En Cerro Centinela, donde se encuentra la megatoma de San Antonio, se logró un protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo y los dueños del terreno para evitar el desalojo. Se determinó formar una comisión para determinar el precio del terreno y establecer sistemas de cooperativas para su posible compra. Sin embargo, la reunión se realizó solo tres días antes del plazo de desalojo, generando la sensación de que se intenta resolver la situación a última hora. El origen del problema radica en la falta de soluciones habitacionales para las familias que han estado esperando por años, con discrepancias sobre el acceso al terreno en San Antonio. La complejidad de la situación requiere una cuidadosa gestión por parte del Gobierno, considerando la presencia de campamentos y la necesidad de políticas públicas efectivas para abordar el problema de vivienda.
Durante la tarde de este lunes, representantes del Ejecutivo y los dueños del terreno de Cerro Centinela en que está asentada la megatoma de San Antonio, lograron un protocolo de acuerdo para evitar el desalojo.
En la instancia se acordó realizar una comisión que determinará el precio del terreno, además de establecer sistemas de cooperativas para intentar la compra de este.
Lo ideal hubiese sido que la reunión se ejecutara hace al menos un mes y no solo tres días antes de que se tuviera que ejecutar el desalojo. La reunión dejó la idea de que todo se está intentando resolver sobre la marcha.
El mecanismo de la Megatoma de San Antonio
Muchas de las familias vienen por mucho tiempo esperando una solución habitacional a través de subsidios del Estado. Hay versiones contrapuestas respecto al mecanismo de cómo se llega a este terreno en San Antonio que hoy es un gran problema para el Ejecutivo.
Es evidente que no se puede tirar a toda la gente a la calle, pero el mecanismo y la fórmula que establezcan las autoridades de gobierno es muy relevante.
Según un catastro de Techo Chile del año 2022, al menos 100 mil personas están viviendo en un campamento. Es imposible entregar una solución habitacional concreta para todos ellos.
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Por otro lado hay comités de adelanto que no se toman ningún terreno y buscan alianzas con los municipios y el Serviu para establecer qué terrenos son viables para la adquisición y la concreción del sueño de la casa propia.
No hay una solución que no sea compleja. Por un lado está las tomas y por otro lado los grupos de gente que están esperando cinco o seis años una respuesta del Ejecutivo, que deberá ocupar un lenguaje muy cuidadoso de ahora en adelante.
Lo que viene después de la reunión
Hay una política común que no ha cambiado, se aborda en el análisis de Causa y Efecto. “El Palacio de La Moneda en los últimos 10 o 12 años se ha transformado en una central de delivery. Llega el llamado telefónico, se busca una solución. No hay una estructura que pueda responder a las necesidades”.
En el papel uno puede ver políticas públicas pero parece ser que no es así en la práctica. Las cifras de campamentos, aumentados por migrantes irregulares, van en esta línea.
Los retiros de las AFP, los del 10 por ciento, están principalmente construidos en estos lugares. Esto no está reconocido, pero muchas de las familias pagaron entre $500 mil y $5 millones por un espacio dentro de estas tomas. Se mercadea y se hace un negocio con los más vulnerables y no hay nadie formalizado por este tipo de hechos.
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