Diversas reacciones trajo consigo el reportaje de BioBioChile, que reveló las improvisadas medidas de emergencia que tomó ENAP tras un procedimiento fallido que terminó liberando un olor desconocido.
Todo esto, solo días antes de las intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví.
Al respecto, el diputado Diego Ibáñez y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja dijo que las autoridades han caído en omisiones ilegales.
Además, pidió que las empresas estatales se sometan al Servicio de Impacto Ambiental, ya que muchas de ellas cuentan con una resolución de calificación ambiental que son anteriores a la ley ambiental, por lo que no pueden ser fiscalizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente.
Para el diputado Andrés Longton es extraño que ENAP –a estas alturas– no se responsabilice sobre los episodios de contaminación, considerando los antecedentes que ya existen.
El abogado Remberto Valdés, representante de la comunidad afectada en Quintero y Puchuncaví, indicó que no se dijo la verdad a la autoridad, instando a los altos ejecutivos de la estatal a que se hagan cargo de su responsabilidad penal.
Por su parte, el intendente Jorge Martínez indicó que habiendo un proceso judicial en curso, no se puede referir al tema.
El reportaje en cuestión, reveló que un trabajador cayó enfermo luego de estar presente en faenas de la planta, siendo posteriormente llevado al policlínico de ENAP en Concón.
Esto último no fue informado públicamente, así como tampoco los síntomas de cefalea que presentó la seremi de Medio Ambiente, Victoria Gazmuri, tras fiscalizar varias empresas del cordón industrial.
Respecto al trabajador, la empresa emitió en un comunicado que el hecho ocurrió muchos días después de las intoxicaciones masivas que se investigan, acotando que se produjo a raíz de una maniobra que nada tiene que ver con el crudo iraní.
A su vez, afirmaron que jamás ha habido trabas en las fiscalizaciones de las autoridades, añadiendo que ENAP no es causante de los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví, argumentando más de 1.300 casos se registraron cuando la estatal tenía detenidas sus operaciones.
