Los consejeros regionales, Manuel Millones y Eugenio González, oficiaron a la Municipalidad de Valparaíso, al Ministerio de Educación y a la Secretaría del Consejo de Monumentos Nacionales para solicitar mejoras en las medidas de protección, seguridad y aseo de la plaza Sotomayor.

Esta acción se da en medio de los requerimientos de los locatarios nocturnos de Bellavista de buscar mejores condiciones de seguridad, que motivaron refuerzos de patrullaje de la Prefectura de Carabineros de la ciudad.

Además, el municipio y la Gobernación fueron instruídos por la Corte de apelaciones de Valparaíso a mejorar la seguridad y el estado de la Plaza Aníbal Pinto en febrero.

En ese contexto, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional planteó su preocupación por lo que consideran es un mal estado de la plaza, en cuanto a la superficie, la señalética y el uso del espacio que tildaron como “indiscriminado”.

Los consejeros recordaron que estes espacio tiene varios elementos de resguardo legal, es zona típica y de conservación histórica.

A esto se suma, que es parte de la zona del sitio mundial de patrimonio declarada por Unesco y contiene el Monumento Héroes de Iquique.

El consejero regional, Manuel Millones, indicó que esta condición no parece ser importante porque hay un uso “sin respeto” del concurrido espacio público.

La carta oficial enviada a las tres autoridades, agrega que la plaza Sotomayor debería ser considerada como un ícono de la identidad de Valparaíso, acusando que ahora no le importa a nadie.

Sin embargo, el municipio porteño planteó que hay un abandono y deterioro de la comuna que se viene arrastrando de administraciones anteriores y que, actualmente, tienen una serie de proyectos urbanos para mejorar la infraestructura pública.

Paulo Gómez, encargado de comunicaciones del municipio, valoró los comentarios de los consejeros regionales, planteando que significa que contarán con su apoyo cuando el Gobierno Regional vote la propuesta.

Por último, solicitaron a la casa edilicia apurar una ordenanza que limite y haga una restricción del uso de dicho sector para fines mucho más acordes al resguardo legal que ostenta el sitio.