Una mujer quedó con las medidas de arraigo nacional y prohibición total de acercarse a la víctima, tras ser formalizada por abuso sexual contra su pareja en Punta Arenas, en la región de Magallanes. Además, amenazó a su conviviente con un cuchillo.

La mujer de iniciales M.J.O. fue formalizada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por el delito de abuso sexual contra su pareja.

Al inicio de la audiencia, el fiscal Sebastián González señaló que la imputada fue detenida durante la jornada del 20 de junio, a las 20.10 horas.

Lo anterior, luego de ser denunciada por su conviviente, quien solicitó la presencia de Carabineros en el domicilio, tras haber sido víctima de abuso sexual y además amenazada de muerte con un cuchillo.

Referente al procedimiento policial efectuado, no se realizaron observaciones, declarándose acogido a derecho.

Mujer es formalizada por abuso sexual contra su pareja

Luego de ello le comunicaron a la imputada que se iniciaba una investigación en su contra, en virtud a los siguientes hechos: “Con fecha 20 de junio, en el domicilio ubicado en calle Santa Juana, donde compartía con su conviviente, y luego de mantener una discusión, debido a que la víctima había llegado tarde a su casa, la insulta y le insinúa que había estado con hombres, y que por eso llegaba a esa hora”.

También se indicó que después “la toma fuertemente de los brazos, inmovilizándola, y procediendo luego a introducir su mano en la vagina de la víctima, volviendo a insultarla. La víctima se logra liberar, pero la imputada toma un cuchillo, mostrándoselo a la víctima, amenazándola de muerte, procediendo la víctima a llamar a Carabineros, quienes detienen a la imputada”.

El fiscal manifestó que estos hechos constituyen un delito de abuso sexual y de amenazas, en grado de consumado, donde la imputada tendría participación en calidad de autora.

Arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima

Posteriormente a ello, el fiscal solicitó que a la imputada se le aplique la medida cautelar de arraigo nacional y la prohibición total de acercarse a la víctima, donde quiera que esta se encuentre.

Ante esta solicitud, la defensa no se opuso a lo requerido por el Ministerio Público, por lo que el magistrado accedió a ello.

Finalmente, para la investigación se decretó un plazo de 90 días para el cierre. Luego de la formalización, la imputada recuperó su libertad.

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